El president recuerda al juez la inacción del Estado
La Fiscalía anuncia medidas contra los ataques a su independencia
Artur Mas se atribuyó la responsabilidad política de la jornada participativa del 9-N, pero achacó su celebración a la inacción del Estado, durante su declaración como imputado ante el instructor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Joan Manel Abril. Mas cuestionó la imparcialidad de querella y la Fiscalía General del Estado aseguró ayer que usará “medios legales” contra quien ataque su independencia.
La comparecencia del presidente de la Generalitat en funciones ante el juez duró una hora y quince minutos, y se desarrolló en catalán. En total, no estuvo en el interior del Palacio de Justicia más allá de una hora y media. Antes de responder a las preguntas de Abril, Artur Mas quiso expresar varias circunstancias sobre el 9-N. Esta breve alocución, de unos diez minutos, se inició con una declaración de principios: “Yo soy el responsable político de la jornada participativa; no busquen a nadie más”.
Continuando con su hilo argumental, añadió que tras el último auto dictado por el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de noviembre, analizaron jurídica- mente la situación y solicitaron una aclaración para conocer el alcance de la suspensión. Y no hubo respuesta.
El president añadió que había cosas que ya no se podían detener. Por ejemplo, la página web. A partir de esta fecha no se actualizó más, pero no se podía cerrar porque se hallaba en diver- sos servidores de varias naciones, debido al temor de ataques informáticos.
Ahora bien, si que diferenció la actividad institucional antes y después del citado auto del TC. A partir del día 4, cambió el formato de la consulta y terminó el soporte oficial, dejándose el desarrollo en manos de los volunta- rios, que es cierto que habían recibido formación y ayuda de la Generalitat.
Sin embargo, quiso dejar constancia que la Abogacía del Estado pidió al TC que se manifestara, y esta omisión del Constitucional, era, a su entender, muy meditada. Para reforzar su argumento de la inacción del Estado ante la consulta, añadió que días antes se produjeron dos declaraciones públicas: el día 7, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que no prohibiría la expresión popular; y el 8, Mariano Rajoy menospreció la convocatoria. Para concluir esta tesis, Artur Mas dijo que podrían haber suspendido las votaciones hasta el mismo día 9, pero aseguró que estaba muy expectante ante lo que decían “otras autoridades”, entre otras cosas porque ya había denuncias de particulares en los juzgados. Ni siquiera el TC recurrió a la jurisdicción ordinaria para que ejecutara su resolución.
Ante esta situación, agregó Mas, era imposible pretender que el promotor político de la iniciativa la suspendiera, y más cuando era el objetivo fundamental de la legislatura, hasta el punto de que no hacerse en condiciones llevó a las elecciones
LOS EJECUTORES Mas, como Ortega y Rigau, descargó en los voluntarios el desarrollo del 9-N
INDEPENDENCIA PÚBLICA El fiscal esgrime que es tan imparcial como cuando se opuso a retirar las urnas
anticipadas del 27 de septiembre.
Artur Mas incidió en que la consulta era un asunto político y que no sabía por qué estaba declarando ante un tribunal, cuando sólo debía rendir cuentas por ello ante el Parlament, del que emanó un mandato político.
El president expresó que, al igual que hicieran el martes Joana Ortega e Irene Rigau, no iba a con- testar a las preguntas de los fiscales presentes (José María Romero de Tejada, fiscal jefe de Catalunya; y Emilio Sánchez Ulled, fiscal de Barcelona) porque la junta de fiscales de Catalunya fue contraria a la presentación de la querella, que al final fue impuesta por la Fiscalía General del Estado desde Madrid. Esta aseveración causó una respuesta de Sánchez Ulled, que defendió que la actuación del Ministerio Público en es- te caso era tan “imparcial” como cuando el mismo 9-N se opuso a que se retiraran las urnas, tal como habían solicitado algunos ciudadanos al juez en sus denuncias. Aquel día estaba de guardia Sánchez Ulled, quien redactó el informe contrario a adoptar esta medida.
En el mismo sentido, la Fiscalía General del Estado emitió ayer un comunicado en el que anuncia que empleará “los medios lega- les” a su disposición para preservar su independencia, al tiempo que manifiesta su “rechazo” a los nuevos ataques realizados por Mas. En la nota se lamentan las concentraciones, pero especialmente se critica el papel de cargos públicos en ellas, lo que, en su criterio, es más censurable porque “tienen el deber reforzado de respetar el sistema democrático de división de poderes”.
El magistrado Joan Manel Abril preguntó a Mas sobre la actuación de la Generalitat en los días que van del 4 al 9 de noviembre, que es uno de los meollos para dilucidar si hubo desobediencia. El president señaló que se enviaron dípticos por correo pero desmarcándose de ellos; señaló que el Centre de Comunicacions siempre está abierto y definió que informó sobre el desarrollo de la consulta porque era su obligación.
También le preguntó Abril por la compra de 7.000 ordenadores portátiles. Aquí explicó que se habían adquirido para Ensenyament, pero que se les instaló un software para que se pudiera votar con el DNI, ya que no había censo electoral. Luego el programa se retiró y se destinaron a la docencia. Y en cuanto al empleo de escuelas como centros de votación, señaló que entre ellas había también municipales, privadas y concertadas.