Excluir a Acciona de ATLL costaría 326 millones al Govern
Mas-Colell dice que el contrato de gestión se mantiene
El conseller de Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, cifró ayer en 326 millones de euros el coste de anular la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona, y añadió que, si finalmente se debe aplicar esta anulación como recoge una sentencia de junio del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Govern “abriría un nuevo proceso de alegaciones judiciales”.
En su comparecencia en la comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlament, expresó su confianza en que el Tribunal Supremo dará la razón a la Generalitat respecto a la validez del concurso que otorgó a Acciona la gestión de la ATLL durante 50 años, una decisión que recurrió Agbar.
Mas-Colell explicó que, si se anula el concurso, el Govern argumentará que “los canons ya pagados forman parte de un negocio que estaba funcionando y ha generado sus retornos”. La indemnización de 326 millones es la suma de los 300 millones que el consorcio de Acciona abonó como pago inicial de la concesión, cuatro o cinco millones por inversiones ya realizadas, e intereses legales generados. El importe total de la concesión se acerca a los 1.000 millones de euros.
El conseller subrayó que el objetivo del Govern es “garantizar que la gestión del agua se siga prestando de la mejor manera posible y con calidad para los ciudadanos”. Y añadió que mientras no haya sentencia firme del Supremo seguirá operando el servicio el consorcio de Acciona porque la ley de contratación pública así lo permite.
El argumento del conseller es que la sentencia del TSJC con- cluye que la resolución del Órgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (Oarcc) que excluía a Acciona del concurso no se ajustaba a derecho, y “desestima las pretensiones de Agbar porque no le atribuye de manera automática el carácter de adjudicatario”. No obstante, la sentencia no obstante, declara nulo el concurso porque considera que hubo confusión con el calendario de inversiones previsto.
La Generalitat, al igual que Acciona y su socio en el consorcio BTG Pactual, ha recurrido al Supremo contra la decisión del TSJC. “Creemos que como tenemos la razón nos la darán”, destacó el conseller.
El conseller cree que el Supremo revocará la sentencia del TSJC que declara nulo el concurso