Sobre el 27-S
La en latín cláusula rebus sic stantibus permite alterar el cumplimiento de los contratos y acuerdos. Una obligación asumida en unas determinadas condiciones y circunstancias puede devenir inejecutable o perjudicial si estas o aquellas cambian de manera importante o sustancial. Aplicada esta cláusula a la política –lo que sería perfectamente lógico–, el presidente de la Generalitat podría replantear su inicial decisión de convocar elecciones catalanas el próximo 27 de septiembre en atención a hechos sobrevenidos que no pudieron tenerse en cuenta con exactitud cuando en enero pasado asumió el propósito de convocar los comicios.
El 24-M ha alterado muy profundamente no sólo el escenario catalán sino también el español a tal punto que celebrar esas elecciones el 27-S resultaría contraproducente no sólo para los propósitos independentistas –al discrepar con ellos, nada me debiera preocupar que así sucediese– sino también para los de iniciar un nuevo proceso de negociación que permita llegar a acuerdos satisfactorios para evitar una crisis constitucional y atender a todos los intereses en presencia. Y sortear así la frustración –eso sí que a muchos españoles interesa– que conllevaría un fracaso del proceso soberanista que con los resultados de las municipales en Catalunya parece más verosímil ahora que antes del 24-M.
CiU, que es la fuerza vertebral del soberanismo, se va dejando poco a poco jirones de fuerza electoral. La pérdida del Ayuntamiento de Barcelona a manos de Bcomú –una plataforma de izquierda social heterogénea sin una definición programática clara ni para unos ni para otros– en combinación con el descenso de la federación nacionalista en 100.000 votos respecto de las municipales del 2011, sazonados esos datos con los de las encuestas que entrevén un mal resultado para convergentes y democristianos el 27-S –si van juntos a los comicios–, son circunstancias que establecen un marco general en el que unas elecciones contradictoriamente calificadas de plebiscitarias provocarían una tensión extraordinaria en Catalunya y en el conjunto de España.
Existe una oportunidad de oro para otear la cuestión catalana desde el punto de vista del acuerdo y la transacción. Y esa oportunidad consiste en la formación en noviembre próximo de un Congreso y de un Senado más fragmentados y, por ello, mandatados a la negociación y al pacto, no sólo de de- terminadas reivindicaciones catalanas, sino de muchas otras pendientes, también de profundo calado. Según los datos del 24-M, los partidos soberanistas (CiU, ERC y CUP) lograron 1.400.000 sufragios, y todas las demás formaciones, más de 1.560.000. La partida mal llamada plebiscitaria no la va a ganar el independentismo, pero, si introducimos un angular estadista en este espinoso asunto, ¿a quién interesa que haya vencedores y vencidos? Ni a la mayoría de los catalanes ni a la mayoría de los demás españoles.
Una extrapolación de los resultados del 24-M sobre las elecciones generales –depende de que se proyecten las autonómicas o las municipales– arrojaría un Congreso de los Diputados en el que el PP tendría, en el peor de los casos, 120 escaños y en el mejor 132, y el PSOE, 108 y 119. Y estarían representados Podemos, Ciudadanos, CiU, IU y ERC. Un mosaico en el que se abriría paso, seguramente, un nuevo tiempo si Artur Mas no confunde los ritmos políticos. El president puede agotar la legislatura en noviembre del 2016 con CDC refundado y una acción de gobierno más dilatada, conociendo, además, la nueva correlación de fuerzas en las cámaras legislativas del Estado y, por consecuencia, el nuevo Gobierno.
España en su conjunto ha entrado en una nueva era política en la que se van a replantear a fondo asuntos y cuestiones que por razones generacionales y de identidad ideológica de los dirigentes de la transición ahora no están en el orden del día. La cuestión territorial que plantea Catalunya es –con los temas de orden económico y social– la más importante y prioritaria del nuevo tiempo político español. No sería razonable que una convocatoria innecesariamente precipitada restringiese el margen posible para un acuerdo que evitaría, especialmente, un grave disenso en Catalunya y un renovado enquistamiento de posiciones en el resto de España.
La terapia consistente en los efectos curativos del tiempo –que es la que aplica Rajoy– podría prolongarse en la próxima legislatura si el president Mas, a la vista de las circunstancias, mueve ficha antes de tiempo, perdiendo, aún más, el control de la situación política en Catalunya y distanciándose así de las posibilidades que ofrece la apertura de una nueva etapa política en España que el 24-M ha preanunciado con una claridad meridiana. La decisión está en sus manos.
El president puede agotar la legislatura y conocer de antemano el nuevo escenario español