El juez ve indicios de delito en los exdirectivos de Penedès
El magistrado finaliza la instrucción en un tiempo récord
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio ayer por concluida en un tiempo récord (unas horas) la fase de instrucción de la investigación que se sigue contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedès y halló indicios de delito por autoadjudicarse pensiones millonarias a espaldas de la entidad. El proceso se desarrolló con enorme rapidez ya que en otras ocasiones la instrucción en procesos similares pueden llegar a prolongarse durante meses.
Caixa Penedès era la tercera caja catalana por activos hasta que se integró en el grupo BMN, entidad que recibió 916 millones de euros de ayudas públicas. Ricard Pagès, uno de los investigados, era el máximo responsable de la entidad desde su puesto de director general.
Según el auto de la Audiencia Nacional, el juez ve indicios de un delito societario continuado de administración desleal por “garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia” tras adjudicarse planes de pensiones millonarios “a costa y espaldas de la entidad”. No obstante, el magistrado no adoptó contra ellos ninguna medida cautelar.
Después de tomar declaración al ex director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y a los exdirectivos Santiago Abella, Manuel Troyano y Juan Caellas durante alrededor de tres horas, Pedraz dio el primer paso para sentarles en el banquillo.
El juez dio diez días de plazo a la Fiscalía y demás acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o bien pidan el archivo de la causa. Según Pedraz, de lo investigado se desprende que Pagès, “prevaliéndose” de su condición, “conformando un comité de dirección” y “valiéndose” del exdirector de Recursos Humanos, ya fallecido, Jaume Jorba, y de los otros imputados, “diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la propia entidad”.
En resumen, una estrategia “pensada para el momento en que por cualquier motivo cesaran o extinguieran su relación la-
La presunta infracción se cometió en un banco que necesitó 916 millones de ayudas públicas
boral, sin excepciones”. Para ello, a partir del 2001 “se autoconcedieron derechos económicos” que no contemplaban sus contratos de trabajo “(de por sí con elevados derechos reconocidos)” mediante la sucesiva suscripción, dotación y novación de pólizas de seguros, que alcanzaron los 23,4 millones de euros. La conducta se prolongó hasta el 2010 cuando se realizaron actuaciones para blindar los derechos.