El gasto en prestaciones por bajas se duplica en 5 años
► El coste por bajas temporales se dispara un 92% y supera ya los 14.000 millones anuales
«Se han detectado rasgos de abuso en la prestación por incapacidad temporal (IT) por parte de los beneficiarios, así como de problemas administrativos y de configuración legal que favorecen el crecimiento perverso del gasto. Estamos en una situación en la que el uso de la prestación se entremezcla de forma preocupante con una evolución de indicadores de gasto, que hace presumible un abuso creciente». Esta es la preocupante conclusión de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que en un estudio elaborado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, Octavio Granado, determina que el gasto en prestaciones de incapacidad temporal por enfermedad común y contingencias profesionales –ya sean accidentes de trabajo o enfermedades profesionales– se ha duplicado en un lustro. En concreto ha sufrido un incremento del gasto en prestaciones derivadas por enfermedad común del 91,6%, mientras la población atendida por el régimen prestacional ha crecido un 10%.
El gasto en estas prestaciones ha pasado de 7.485 millones en 2018 a 14.005 millones en 2023, derivado, fundamentalmente, de la incapacidad temporal, que ha aumentado su coste en una cantidad similar a la diferencia que se produce cada año entre las pensiones contributivas y las cotizaciones sociales, y que «crece aceleradamente» y «puede afectar a la sostenibilidad del sistema». En el caso de las pensiones contributivas, estas han aumentado un 32,82%, un porcentaje inferior al crecimiento de las cotizaciones sociales si incluimos las nuevas cotizaciones de solidaridad. «Estas cifras nos descubren una realidad preocupante, que no tiene asiento en consideraciones sanitarias».
En los últimos cinco años, el gasto por trabajador protegido creció un 64,65% para los que estaban cubiertos por entidades y un 51,13% por los atendidos por mutuas. En términos más generales, el gasto medio ha pasado de 720,37 euros a 1256,73 euros. «Dicho en términos groseros, la incapacidad temporal ha aumentado su coste entre 2018 y 2023 en una cantidad similar a la diferencia que se produce cada año entre las pensiones contributivas y las cotizaciones sociales. Un coste que crece aceleradamente, y que puede afectar a la sostenibilidad del sistema», apunta Granado, que propone cambiar la configuración de la prestación por incapacidad temporal para que, «si no existe una enfermedad crónica, la multiplicación de situaciones de baja suponga una disminución de la cantidad percibida». También que, en algunas situaciones, «la baja no implique el cese de toda jornada laboral a una parcial y prime el derecho a la recolocación», siendo la salida del mercado de trabajo «la última solución a aplicar». Su idea es, pues, «generar incentivos que hagan posible la mejora financiera del sistema sin graves perjuicios para empleadores y empleados».