El Consell gastó desde marzo 12,6 millones en contratos de emergencia por covid
La Generalitat desoye a la Agencia Antifraude que desaprueba el abuso de este tipo de contrataciones
Mascarillas, gel hidroalcohólico, EPI, respiradores, jeringuillas, test de coronavirus, los servicios para atender a los inmigrantes con covid que llega a Alicante o hasta 300 ordenadores para que los funcionarios del Labora puedan trabajar de manera telemática. Son algunos de los suministros que el Consell aprobó contratar por procedimientos de urgencia en el último mes y medio.
Desde el 1 de marzo, el pleno del
Gobierno valenciano ha dado luz verde a la contratación de urgencia de contratos por valor de 12,6 millones de euros.
En el pleno de ayer, la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, informó ayer de que había recurrido a esta vía para autorizar el reparto de las 3,5 millones de mascarillas FFP2 para los centros docentes. El valor de este contrato asciende a 35.876 euros y complementa al aprobado el pasado 5 de marzo por el que se compraron más de siete millones de mascarillas por este mismo procedimiento.
También pasó por el pleno del Consell, y con la declaración de emergencia, los servicios de atención para los migrantes sospechosos de covid que son atendidos en el Hospital de Campaña de Alicante. El importe total asciende a 2,2 millones de euros.
La Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana advirtió en su informe de 2020 que el Consell había normalizado este tipo de contratos y que seguía utilizándolos aunque la situación de emergencia sanitaria ya no era justificable.
Su director, Joan Llinares, reprochó que había administraciones que seguían abusando de estos métodos, y la prueba es que la Generalitat continúa recurriendo a estos métodos pese a que hace más de un año que comenzó la pandemia.
Oltra mira a los municipios
La también consellera de Igualdad se defendió ayer de los reproches que el síndic de Greuges dedicó a la Administración valenciana en general y a su Departamento en particular. Ángel Luna dijo que la Generalitat había fallado a los ciudadanos durante la pandemia no habían atendido a los más vulnerables.
Oltra dijo que dictó una resolución para que los servicios sociales de atención primaria, los ubicados en los municipios, no se cerraran y garantizaran la presencialidad con servicios mínimos y señaló que, Ayuntamientos como el de Alicante no lo cumplieron.