El Defensor del Pueblo constata las diferencias de criterio sobre Calamari
LOS INFORMES DE CULTURA Y DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA SE CONTRADICEN. La institución nacional hace referencia al expolio que sufre el edificio declarado Bien de Interés Cultural y reclama que se ponga en marcha el principio de urgencia y celeridad en un procedimiento iniciado en 2017
Las diferencias de criterio entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Cartagena sobre la descripción del estado de conservación de Villa Calamari han llamado la atención del Defensor del Pueblo. En un informe elaborado tras la denuncia presentada por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Daphne, la institución nacional hace hincapié en que la información remitida por la Dirección General de Bienes Culturales, tras la última inspección realizada, nada tiene que ver con el informe elaborado por la Corporación municipal en abril de 2019 y que fue publicado por LA RAZÓN.
El Defensor del Pueblo da más credibilidad a los técnicos de Patrimonio del Ayuntamiento, dada la minuciosidad de la información remitida, en comparación con la enviada desde la Consejería, en la que se hace referencia a que la empresa propietaria del edificio «ha tomado las medidas necesarias para detener de momento el progresivo deterioro que venía sufriendo el inmueble, pues como se ha podido comprobar, se ha estabilizado el estado del mismo».
El escrito de la institución nacional señala explícitamente que denuncias recientes en el Ayuntamiento de Cartagena, y la inspección realizada por el Ayuntamiento ponen de manifiesto que la protección de Villa Calamari, así como su estado de conservación es muy deficiente y que las medidas propuestas tanto por la Dirección General autonómica, como por la propiedad no se cumplen actualmente, por lo que no se ha conseguido detener el expolio sistemático al que está sometido el inmueble.
Ante las contradicciones encontradas en los informes remitidos por las dos administraciones, el Defensor del Pueblo asegura que las comunicaciones recibidas no se da respuesta a las preguntas sobre la situación del monumento, por lo que ha decidido volver a dirigirse a la Dirección General de Bienes Culturales de la Región y al Ministerio de Cultura para que vuelvan a contestar a las cuestiones planteadas en relación al expolio del Patrimonio Histórico Español.
Además ha recordado a las administraciones implicadas que el procedimiento previsto en este tipo de cuestiones está sometido a los principios de «celeridad y eficacia». En el informe establece que se analizará si de la intervención de la Administración General del Estado se pueden deducir consecuencias positivas inmediatas y efectivas para la real protección del bien y establece que es competencia de ella la ponderación y puesta en marcha, a la mayor brevedad posible a la vista de la gravedad del deterioro observado, de las actuaciones necesarias para garantizar la protección y mantenimiento de Villa Calamari. El monumento protegido continúa deteriorándose y su expolio es manifiesto sin que nadie haga nada por detenerlo.