Podemos cargó 15 contratos de forma irregular a una subvención
LAS CUENTAS MORADAS El Tribunal de Cuentas detecta que los de Iglesias gastaron 384.646 euros en 2016 en partidas no sufragables por la ayuda que el Estado concede para la seguridad de los partidos
El Tribunal de Cuentas ha detectado que Podemos incluyó de forma irregular hasta quince contrataciones como parte de los gastos que esta formación cargó a la subvención estatal destinada a sufragar el coste de su seguridad. Así lo señala el órgano fiscalizador en uno de los informes que ha publicado esta semana, en este caso concreto, el relativo a la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y las actividades de éstos financiados con cargo a subvenciones públicas durante el ejercicio 2016.
En concreto, el Tribunal de
Cuentas precisa que, en ese año, los de Pablo Iglesias incluyeron dentro de esta ayuda salida de las arcas públicas hasta cuatro partidas que no son subvencionables. En primer lugar,un importe que asciende a los 131.927,15 euros correspondiente, según la documentación facilitada por la formación morada, «al coste laboral de cinco trabajadores que se encargan de la identificación de acceso a la sede central» del partido. Un destino, en principio, que sí entra en los parámetros marcados por el Real Decreto 1306/2011 que regula las subvenciones para la seguridad de los partidos. En concreto, en su artículo 7.a, el Real Decreto especifica que las formaciones sí pueden declarar como subvencionable el gasto en personal de seguridad, en lo que concierne a los costes de contratación de dicho servicio o, en su caso, la retribución bruta del personal contratado para esta finalidad y otros costes derivados. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas concluye que «del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada». O lo que es lo mismo, que Podemos no ha logrado acreditar que esas contrataciones se efectuasen con ese fin.
El segundo de los reparos puestos por el Tribunal de Cuentas tiene que ver con un gasto de 47.272,73 euros correspondiente al coste laboral de dos trabajadores de la formación «que se encargan de la comprobación y actualización de los sistemas de seguridad informática y de la protección de información regulada por la Ley Orgánica de Protección de Datos». Sin embargo, el informe incide en que este gasto tampoco es subvencionable en la medida en la que el Real Decreto que regula esta subvención no incluye esas labores al referirse, en su artículo 9.b, únicamente al «software para la protección de la información» como