«Sablazo» de Seguridad Social: 17.000 € por 5 años de beca
► Los científicos, en pie de guerra contra el Gobierno por su «política recaudatoria» para la cotización retroactiva de los becarios. «Es inasumible»
DesdeDesde que la ministra Elma Saiz anunció la «oportunidad histórica» y el «enorme beneficio» para los becarios por poder regularizar los años que estuvieron de prácticas han pasado solo nueve días, pero ha puesto en pie de guerra a muchos colectivos profesionales, incluida la comunidad científica, porque esta regularización supone «una carga económica inasumible para la mayoría de la comunidad científica», al considerarse dichas cotizaciones con los baremos de 2024 en vez de hacerlo con los correspondientes a los años de becariado. También cargan contra la limitación temporal impuesta, ya que el periodo que se puede computar se limita a un máximo de cinco años trabajados, sin tener en cuenta casos de mayor duración.
Primero fue la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) –que agrupa a 88 sociedades científicas que representan a más de 40.000 científicos– la que reclamó al Gobierno que rectifique y corrija «las graves deficiencias» de la orden ministerial. Pero se han ido sumando el resto de asociaciones –ANIH, Aseica, Sebbm o SENC, entre otras–, que en un duro comunicado criticaron la falta sensibilidad, colaboración y diálogo del Ministerio que dirige Saiz, que «ha ignorado todas nuestras propuestas», e incluso «ha empeorado aún más las condiciones del convenio».
Denuncian que se obliga a los ex becarios a pagar las cuotas de cotización para jubilación tanto de la empresa como la propia del trabajador y que para calcular la cuota a pagar «se ha cambiado la orden para considerar como base de cotización la vigente en 2024», en lugar de las bases correspondientes a cada año que se quiere recuperar, aumentando exponencialmente las cuotas a pagar. En términos monetarios, eso significa que un científico que cobraba una beca típica de unos 600 euros al mes en 2000 tendría que pagar 290 euros al mes, casi la mitad de lo percibido entonces. También recuerdan que la aportación social de un trabajador con un contrato laboral tiene una cuota de cotización es el 4,7% del salario, «diez veces menos de lo que se pide en este convenio especial». Por ello, entienden que «la imposición de esta cuota exagerada es también un agravio comparativo con las cuotas de cotización de prácticas no laborales en 2024, que están en torno a 64 euros al mes, de los cuales el estudiante abona menos de 11 euros solo si recibe remunera
Para una beca de solo 600 euros tienen que pagar casi la mitad para regularizar sus prácticas de hace años
ción. Además, sobre estas cantidades se bonifica el 95%, por lo que las empresas, y los becarios remunerados, pagan poco más de tres euros al mes. Por tanto, las cuotas reales de esas prácticas son 90 veces menos costosas que las que se obliga a pagar a los antiguos becarios de investigación».
El Ministerio defiende que «la aportación se basa en la base mínima de cotización actualizada de 2024, pero cuenta con un coeficiente reductor del 0,77, que supone una rebaja del 23%». Además, recuerdan que «fijar una aportación actualizada va a permitir una mejor pensión futura por esos años. Dado que se pueden rescatar periodos de cotización lejanos en el tiempo, si este no fuera el criterio, las bases de cotización podrían ser mucho más bajas, con el consiguiente riesgo de insuficiencia de protección». También inciden en que las cantidades que se abonen «tendrán su parte correspondiente deducible en el IRPF».
Según ha explicado a LA RAZÓN la presidenta de Aseica, Marisol Soencas, con la ecuación del Ministerio, «regularizar los cinco años que me dejan me supone un desembolso de más de 17.000 euros, una barbaridad. No tiene ningún sentido tener que pedir un crédito para poder abonar esa cantidad».
Estas supuestas ventajas no convencen a los científicos, lo que ha forzado a la propia Saiz a convocar una reunión el próximo martes, en la que promete «escuchar sus reivindicaciones», tras ser acusada de haber decidido por su cuenta y sin opción de negociar las cantidades a pagar. «El Ministerio nunca impone decisiones de manera unilateral», defendió. Algunas de las asociaciones han asegurado a este periódico que no han sido invitadas a esa reunión. «Habrá que dar tiempo a ver si nos llaman a todos o solo cuentan con algunos».