¿Quien contamina paga? El mantra quebrado del PSOE
La recaudación por impuestos ambientales cae a su nivel más bajo desde 2015, con España a la cola de la UE
ElEl principio de quien contamina paga es uno de los principales vectores de la política medioambiental eu-ropea. eu-ropea. El PSOE ha incluido como un mantra este principio en sus últimos programas electorales, el último el de las europeas, en el que se comprometen a introducir «ins-trumentos «ins-trumentos de scalidad ambien-tal» ambien-tal» como impuestos y desgrava-ciones desgrava-ciones para que «las empresas sean más respetuosas con el me-dio me-dio ambiente». La propia candida-ta candida-ta socialista, la ministra de Transi-ción Transi-ción Ecológica y vicepresidenta segunda, Teresa Ribera, es una rme defensora de que se explo-ren explo-ren «nuevos enfoques de nancia-ción» nancia-ción» para desarrollar la política medioambiental con una apuesta por una « nanciación híbrida» y la creación de bonos verdes, además además de «impuestos globales».
Sin embargo, aunque este mantra mantra gura en al menos una docena de programas electorales socialistas socialistas desde principios del siglo y de que el PSOE ha ocupado el Ejecutivo Ejecutivo 13 de estos 24 años, los avances avances en esta materia dejan mucho que desear, especialmente por la incorrecta aplicación de las políticas políticas europeas.
La recaudación de los impuestos impuestos medioambientales cayó en 2022 –el último año disponible– hasta los 20.500 millones, que equivalen al 1,52% del PIB, el nivel más bajo desde 2015, a excepción de 2020 por la pandemia.
España está incluso a la cola de la UE, donde la media de 2022 se situó en el 2,02% del PIB. Por detrás detrás de la proporción española solo están República Checa, Irlanda Irlanda y Luxemburgo. Más allá del número absoluto de millones anuales, la tendencia es a la baja desde 2015, cuando los ingresos fueron el 1,93% del PIB. Desde entonces entonces ha ido descendiendo. Con estos datos, parece claro que quien contamina paga poco en España. Y eso pese a que se observa un descenso generalizado de los impuestos impuestos ambientales como porcentaje porcentaje del PIB en gran parte de los países miembros de la UE-27 en
2022 con respecto a 2021, con excepciones excepciones como Bulgaria, Rumania Rumania y Grecia.
Un ejemplo de la confusa aplicación aplicación de los mandatos europeos en materia medioambiental es el retraso del Gobierno para trasponer trasponer la directiva 2022/362 de la Unión Europea para la descarbonización descarbonización del sector del trasporte terrestre. Esta normativa, que obliga obliga a instalar peajes en las autovías y autopistas de titularidad pública, debería haber entrado en vigor el pasado mes de marzo, pero aún no lo ha hecho. Por ese motivo, la Comisión Europea ha abierto procedimiento procedimiento de infracción contra España y otros quince socios por no trasponer la directiva que ja el uso de peajes en las carreteras para nanciar el desarrollo y mantenimiento mantenimiento de la red viaria.
Pero no se trata del único caso, hay más. Por ejemplo, la decisión del Ejecutivo de Sánchez de recuperar recuperar el impuesto a la generación eléctrica (IVPEE) del 7%, que se aplica a las actividades de producción producción y suministro de electricidad y que no discrimina entre energías renovables y los ciclos combinados combinados (contaminantes y generadores de gases de efecto invernadero).
Ahora, con motivo de las elecciones elecciones europeas, el PSOE promete una vez más “avanzar en la scalidad scalidad verde”, si bien no ofrece una mayor concreción y se limita a hablar hablar de promover impuestos y desgravaciones desgravaciones medioambientales, “que lograrán que las empresas sean más respetuosas con el medioambiente al aumentar el coste de las actividades contaminantes contaminantes e internalizar el coste social y medioambiental pertinente, dotando dotando de mayor competitividad a las actividades respetuosas con las personas y el planeta”.
Esta imprecisa aplicación por parte del Gobierno de uno de los principios rectores de la política europea tiene consecuencias. Un estudio de la propia Comisión Europea, Europea, el incumplimiento de las exigencias de la legislación medioambiental medioambiental de la Unión representa 55 000 millones de euros anuales en costes y pérdidas de benecios, según recoge un informe del Tribunal Tribunal de Cuentas Europeo. Y es que no son siempre los sectores que generan más emisiones de CO2 los que más impuestos ambientales ambientales pagan. Según recoge un informe de BBVA sobre scalidad ambiental, el sector de coquerías y reno de petróleo gura entre los de mayor intensidad de emisiones de CO2 (5 kilogramos por unidad de valor agregado bruto en 2019) y los que más impuestos ambientales ambientales pagan (12,2% por unidad de VAB), mientras que el transporte marítimo, segundo sector en intensidad intensidad de emisiones (4,6 kilos por unidad de VAB), tiene impuestos impuestos ambientales que representan tan solo el 0,2% de su VAB. En sentido sentido contrario, el transporte terrestre terrestre es el sector de mayor presión scal ambiental (12,9%) y su intensidad intensidad de emisiones se sitúa en 1,2 kilos por unidad de VAB.
Los impuestos ambientales ascendieron ascendieron en España a 20.529 millones millones de euros en 2022, lo que supuso un descenso del 3,2% respecto respecto al año anterior, según el avance de las cuentas medioambientales medioambientales del Instituto Nacional de Estadística que recoge Eurostat. En relación al total de impuestos en España, los ambientales representaron representaron el 6,2%, frente al 7,1% de 2021. Los impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: impuestos
La fiscalidad verde en España no siempre discrimina entre los sectores más contaminantes
En 2022, la recaudación cayó un 3,2% hasta los 20.529 millones de euros, según el INE
impuestos sobre la energía (que en 2022 representaron el 80,6% del total), impuestos sobre el transporte transporte (14,7%) e impuestos sobre la contaminación y l os recursos (4,7%). Los impuestos sobre la energía se redujeron un 4,4% respecto respecto a 2021, y los impuestos sobre la contaminación y los recursos un 9,5%. Por el contrario, los del transporte transporte aumentaron un 6,8%.
Los hogares pagaron el 49,9% del total de impuestos ambientales ambientales en 2022. Las familias abonaron el 76,5% de los impuestos sobre el transporte y el 47,8% de los impuestos impuestos sobre la energía.