Libros y leyes de antaño

No es de recibo que la Fiscalía General del Estado actúe como una Abogacía General del Gobierno o que las resoluciones controvertidas del Tribunal Constitucional terminen siempre con el mismo ‘marcador’ (7-4). Eso sí, dentro de poco, el resultado será 7-5

Un amigo librero suele decir que la mitad de los españoles está escribiendo un libro y la otra mitad se halla intentando publicarlo. Hace décadas se decía de un supuesto intelectual: «Qué gran cultura tendría si se hubiera leído todo lo que ha escrito». Hipérboles aparte, lo cierto es que existe inflación de líneas e insuficiencia de ideas.

Soy el primero en reconocer que me he afanado en publicar obras que se han perdido en las estanterías suburbiales de las librerías. En estos momentos, me siento mejor cuando releo o reviso obras colectivas en las que he tenido la suerte y el honor de participar. El talento de mis compañeros de disciplina disimula mis carencias.

Hay ocasiones en las que el recorrido de un libro puede resultar tan interesante como su contenido. Hace treinta años, el profesor Bermejo Vera dirigió un tratado de doctrina jurídica, en el que fui invitado a participar, titulado ‘Derecho Administrativo. Parte especial’. El libro se presentó en Madrid por el maestro Eduardo García de Enterría y, entre otros, asistieron al acto Santiago Muñoz Machado, actual director de la RAE, y Sabino Fernández Campo, que había dejado hace unos meses la jefatura de la Casa del Rey.

El libro, que abarcaba numerosas materias, fue comprado por numerosas universidades europeas y americanas, llegando incluso a los confines del continente asiático, ya que engrosó el catálogo de la biblioteca de la Universidad de Macao. En sucesivas ediciones, dicho tratado llegó a superar las mil trescientas páginas. Obviamente, no servía como elemento de estudio para los alumnos, que se sentían más cómodos comprando los apuntes en cualquier copistería. Como supimos gracias a una ministra, que era abogada del Estado, se utilizaba por los opositores al Cuerpo para preparar una parte del temario.

La historia de nuestro Derecho administrativo tiene un punto de inflexión en los años cincuenta, cuando se promulgaron diversas normas inspiradas en los conocimientos que algunos prestigiosos profesores habían alcanzado en universidades alemanas e italianas. Su gran rigor técnico y la plasmación de un primer acervo de derechos y garantías permitieron calificar al tardofranquismo de ‘Estado autoritario de Derecho’. Estas leyes constituyeron el primer paso hacia lo que, por fortuna, resultó inevitable, el Estado social y democrático de Derecho que se plasma en nuestra Constitución.

En la actualidad, en algunos países se está implantando lo que podríamos denominar el ‘Estado populista de Derecho’, que implica un incipiente retroceso hacia un Estado ‘seudodemocrático’. No es de recibo que la Fiscalía General del Estado actúe como una Abogacía

Particular del Gobierno o que las resoluciones más controvertidas del Tribunal Constitucional terminen siempre con el mismo ‘marcador’ (7-4). Eso sí, dentro de poco, el resultado será 7-5.

Por otro lado, podemos discutir sobre algunos contenidos de las denominadas leyes progresistas, pero lo evidente es que no hay progreso sin ley. España alcanzó la democracia

«El Estado de Derecho exige que unos jueces independientes se conviertan en los últimos guardianes de la integridad del ordenamiento jurídico»

‘de la ley a la ley a través de la ley’, siguiendo la consigna de Fernández-Miranda. Pero el Estado de Derecho requiere algo más, exige que unos jueces independientes se conviertan en los últimos guardianes de la integridad del ordenamiento jurídico. Así sea.