Los impagos por el alquiler de vivienda se disparan y están detrás de siete de cada diez desahucios

El Congreso votará la próxima semana el decreto ley para prorrogar cuatro años la suspensión de lanzamientos sobre vivienda habitual

MADRID. La imparable escalada del precio de los alquileres en España empieza a tener consecuencias más allá del mayor esfuerzo que deben acometer las familias para acceder a una vivienda que no es de su propiedad. Solo en el primer trimestre de este año se registraron 5.443 desahucios por impago del alquiler, un 73% de los lanzamientos practicados en el periodo, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Si se compara con las cifras de hace un año, el incremento fue del 12%, cuando se cumple un año de la puesta en marcha de la ley de vivienda que entre sus objetivos tenía, precisamente, frenar el desmesurado repunte que los caseros vienen aplicando a los precios de sus nuevos contratos a los inquilinos. «Antes de 2020, tres de cada diez hogares destinaban más del 30% de su cesta de consumo al alquiler. Tras la pandemia, la proporción ha subido, aproximadamente, a cuatro de cada diez», indican los analistas de Funcas¡.

Señalan que ya en 2022 el gasto de alquiler más suministros básicos absorbió más del 30% de la cesta de consumo en el 60,5% de los arrendadores.

Entre enero y marzo de este año se han practicado 7.424 lanzamientos, un 12,8% más que hace un año. Eliminando de la cifra los acometidos por impago de alquiler y otros casos, 1.448 correspondieron a familias que dejaron de pagar sus hipotecas, un 10,7% más que hace un año.

El Gobierno extendió la prohibición de ‘echar’ a las familias vulnerables de sus viviendas si no podían asumir el pago. Pero existen procedimientos que siguen curso en los juzgados, prea la medida. De hecho, está previsto que la próxima semana el Congreso vote el proyecto de ley para extender la suspensión de los desahucios hasta 2028.

Antes de acometer los alzamientos (la última fase del desahucio), estos procesos pasan por las denominadas ejecuciones hipotecarias, en las que primero se exige el pago de las deudas al acreedor y, una vez que se formaliza, se procede al desahucio. Pues bien. Durante el primer trimestre se presentaron 5.658 ejecuciones hipotecarias, un 1,7% menos que en el primero de 2023, en consonancia con la percepción de la banca de que lo último que dejan de pagar las familias son las hipotecas.