«Para jubilarme antes quieren que pague 14.000 euros por 4 años de beca»
Los investigadores de Aragón critican la orden ministerial por la que si quieren cotizar por el tiempo que estuvieron como becarios, deben abonar lo que en su lugar no hicieron sus empleadores, la mayoría de ellos administraciones públicas
Alrededor de 14.000 euros. Esto es lo que Eduardo Notivol, jefe de departamento en el Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria (CITA), ha calculado que debería desembolsar para regularizar los cuatro años que estuvo con una beca del programa de Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Educación, puesto al que se accede en función del currículo. «En aquel momento, el empleador no pagaba por ti, y ahora tengo que abonar yo ese dinero si quiero poder acceder a la jubilación anticipada con 63 años. Es insultante», lamenta.
La orden del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, aunque toma como base de cotización la del grupo 7, utiliza los importes actuales en lugar de los del año de las becas, por lo que los afectados deberán desembolsar unos 290 euros por cada mes que quieran regularizar. «Nos hacen pagar con la base imponible de 2024 lo que trabajamos en 1988», critica. En la mayoría de los casos, estos salarios rondaban las 70.000 pesetas, es decir, unos 420 euros al mes.
Investigadores de todo el país y las propias sociedades científicas han salido en tromba a denunciar la situación. «Sus declaraciones, cuando hacen hincapié en que se bonificará al 23% y que se deducirá de la cuota del IRPF, son humillantes», critica, al tiempo que afea que el anuncio se hiciera para que «coincidiera» su publicación en el Boletín Oficial de España (BOE), el pasado 1 de mayo, con el Día del Trabajador.
Sin baja ni paro
Notivol recuerda que la falta de cotización acarreó otras consecuencias en aquellas becas. «Lo único que teníamos era un seguro médico de una mutualidad privada y cuando tuve que hacer uso de él, fue con nefastas consecuencias», señala. Acudió por un problema médico y, ante la repuesta obtenida, se buscó otro, que pagó de su «bolsillo». También se costeó los medicamentos necesarios para una neumonía y durante todo este tiempo no tuvo «derecho a baja».
«Era un seguro mínimo que apenas tenía coberturas», recalca Vicente Ferreira, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza. Tampoco podían acogerse a bajas de maternidad ni paternidad, el derecho al paro no existía para ellos y en muchos casos tuvieron hasta problemas con los bancos, que no reconocían estas becas como un sueldo. «No pude ni tener tarjeta de crédito y, por supuesto, tampoco te daban un préstamo», señala escó investigador, que comenzó con una beca del Gobierno de Aragón en el año 1987. «Se trataba de una línea de investigación específica sobre el vino, que empezó en el 1986. Al año siguiente la DGA saotra por concurrencia competitiva y la conseguí. Fueron algo más de tres años», detalla.
Además de la falta de derechos durante la beca, en su caso, un cambio en el Ejecutivo autonómico provocó que desapareciera el interés por el proyecto y que viviera unos años «kafkianos». Comenzó cobrando 70.000 pesetas mensuales, que ascendieron a 73.000 y al final, en el año 1990, fueron cerca de 80.000. «No llegaba a 500 euros al mes y ahora quieren que paguemos exactamente 288,90. Nos hacen pagar como si fuéramos autónomos siendo que nuestros empleadores eran, en su mayoría, instituciones públicas», denuncia, al tiempo que recalca que se trata de una carrera «bastante dura» en la que se pasa por «situaciones muy precate rias económica y anímicamente».
En este sentido, recuerda que aquella beca del Gobierno de Aragón acabó como «el rosario de la aurora» y que, gracias a los méritos con los que contaba, consiguió una plaza de profesor asociado en la Universidad de Zaragoza. «Yo pensaba que era de sustitución, pero fue de plantilla», rememora. Al ser catedrático del campus público aragonés, puede jubilarse «a los 35 años trabajados a partir de los 60», por lo que no le interesaría acogerse al convenio que plantea el Ministerio. Tampoco tiene previsto hacerlo Yolanda Gogorcena, investigadora del CSIC, porque el próximo año ya se puede jubilar. Además, en 2011, cuando se abrió un periodo similar al actual y se permitió regularizar hasta dos años, se acogió a ello. No obstante, entonces, para el importe de las cotizaciones, se tomó como referencia el año trabajado.
Hasta 15 años sin cotizar
Su odisea de becas comenzó en 1986, cuando obtuvo una de la Generalitat Valenciana. Tras ella estuvo, con dos tipos de postdoctorales, en Estados Unidos y después tuvo una de reincorporación con la que regresó a España. «En total fueron alrededor de siete años, entre 1986 y 1993», señala. Y critica que con el convenio presentado se ha «mezclado» su situación con «las prácticas que se hacen en la universidad o en la Formación Profesional (FP), que no tiene nada que ver». «Han hecho caso omiso a todas nuestras reivindicaciones», sostiene, e incide en que para ser seleccionados en estos procesos «necesitaban los mejores expedientes». De hecho, ahora todos ellos lideran grupos de investigación.
Su situación es muy común entre el personal investigador aragonés y de otros que lo acabaron dejando a mitad del camino. Rosa Bolea, actual vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, también tuvo una beca de este estilo. «La injusticia que se produce es que nosotros tuvimos una beca supercompetitiva y ahora se pretende que paguemos de nuestro dinero la cotización de aquellos años», subraya. Ella estuvo cinco años y medio en esta situación, aunque reconoce que hay compañeros que han estado hasta 15, lo cual «dificulta la jubilación».