La amnistía no basta para que Puigdemont evite su detención, avisa un nuevo informe
MADRID. La ley de amnistía afronta la recta final de su tramitación en el Senado, donde el PP la tumbará con su mayoría absoluta antes de que retorne al Congreso para su ratificación definitiva y tras haber sido desmenuzada por ocho informes jurídicos –uno de la Cámara alta, dos del Congreso, cuatro del Consejo del Poder Judicial y el de la Comisión de Venecia– que plantean serias dudas sobre su encaje constitucional. A esos dictámenes se suma ahora el elaborado por Eugenio de Santos Canalejo, letrado de la Comisión Conjunta de las Comisiones Constitucional y de Justicia, quien, además, advierte de que una eventual cuestión prejudicial por parte de los jueces del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) paralizaría el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre Carles Puigdemont. Es decir, dejaría en vigor la orden de búsqueda, captura y detención si cruza la frontera, como pretende hacer si tras las elecciones catalanas del domingo los números le dan para someterse a una investidura .
El análisis efectuado por De Santos –60 páginas con fecha 30 de abril a las que ha tenido acceso este periódico– será refrendado por la comisión este jueves, antes de que la proposición de ley sea sometida a votación en el pleno del día 14. El autor del dictamen concreta las razones por las que deduce que la norma está lastrada por la «falta de fundamento constitucional» y se adentra en una cuestión que despierta notables incógnitas sobre su operatividad real: el apartado en el que determina que la entrada en vigor, prevista para finales de este mes, con un margen de dos meses para que los jueces la ejecuten, supondrá el inmediato levantamiento de las citadas medidas cautelares que afecten a los encausados.
Controversia jurídica
El informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, contra el criterio del letrado mayor, fue el primero en alertar en su día de la colisión que se avecinaba entre esa premisa y una eventual impugnación por la justicia española ante la UE y ante el propio Tribunal Constitucional. El asunto dista de ser pacífico, con posiciones dispares entre los propios juristas. Ahora, el letrado de la comisión mixta Constitucional-Justicia de la Cámara alta subraya «el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea» y asevera que los magistrados españoles, «en su calidad de jueces del Derecho de la Unión», tienen «la obligación» de «inaplicar la norma interna que consideren claramente incompatible» con la legislación comunitaria sin que sea preciso ni que pidan o esperen «su previa eliminación por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional».
El jurista del Senado concluye que la formulación de una cuestión prejudicial ante el TJUE no solo paralizaría el procedimiento al que pueda afectar –en este supuesto, la causa que tiene abierta el instructor Pablo Llarena–, sino también el levantamiento de las medidas cautelares que conciernen al expresident. Traducido, eso significaría que, si retorna a Cataluña con la amnistía recurrida ante Europa, correría el riesgo de ser arrestado y puesto a disposición judicial por los delitos de malversación agravada y desobediencia que aún se le atribuyen tras la supresión de la sedición. Junto a ello, el letrado cree «verosímil» que la futura ley que exonerará el ‘procés’ desemboque en «una controversia constitucional» ante el TC.