España estalla contra Francia por acusarla de «competencia desleal» en el campo
Transportistas y agricultores reclaman firmeza al Gobierno ante el impacto del bloqueo en las carreteras galas
MADRID. El bloqueo de las autopistas francesas con las agresivas protestas de los agricultores locales ha reactivado la tensión en el campo español. La preocupación del sector se ha desatado tras las polémicas declaraciones del primer ministro francés, Gabriel Attal, acusando de forma velada a España e Italia de «competencia desleal» por tener supuestamente una legislación más laxa que la francesa en materia agrícola. «Son declaraciones absolutamente falsas e indignantes», aseguró Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). «Nos jugamos el prestigio y la economía», coincidió Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. «Estas acciones salvajes –en referencia a los bloqueos– son un anécdota si se comparan con un primer ministro que se atreve a decir que tenemos legislaciones diferentes. Algo se tiene que decir desde el Gobierno», insistió.
La tensión amenaza ahora con abrir una auténtica crisis política entre el país y Francia. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió ayer que «estamos en la Unión Europea y, por tanto, las normas de producción y comercialización son similares, así que no hay ninguna ventaja competitiva por la aplicación de normas distintas». Planas tachó de «absolutamente inadmisibles» los ataques a camioneros españoles en Francia apoyándose en la libre circulación de mercancías. «Si nuestras frutas y hortalizas están en primer lugar es por el trabajo de agricultores y ganaderos, por su calidad y competitividad, y no por ninguna otra razón», sentenció.
En todo caso, agricultores y transportistas exigen mayor contundencia. «El 75% de lo que exporta España en la UE se mueve en camión y la frontera francesa es estratégica para el paso de estas mercancías», advirtió ayer Ramón Valdivia, vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), solicitando al Ejecutivo español «que actúe de forma inmediata». Recordaron que el 24 de enero remitieron una carta al ministro de
Transportes, Óscar Puente, para solicitar su mediación. «Misiva a la que hasta la fecha no han respondido», criticaron.
La inquietud se justifica en cifras. La Federación Nacional de Asociaciones de Transportes (Fenadismer) estima que más de 11.000 camiones cruzan a diario por la frontera de la Junquera y otros 10.000 por la de Irún en dirección a Europa y cifran en 10 millones de euros diarios el coste de las paralizaciones. Fuentes del sector matizaron que «aún es pronto para calcular las pérdidas». Pero indicaron que «entre noviembre y febrero hay picos en los que el 80% de las frutas y hortalizas que se consumen fuera se importan sobre todo de las huertas de Murcia, Almería y Granada».
El hartazgo en el sector es absoluto. Desde COAG advirtieron de que, con una política agraria común, «no se puede entender que Francia no mencione otros productos como los que llegan de Marruecos». Pero la acusación de competencia desleal ha sido solo la puntilla para un sector que desde hace meses amenaza con protestas como las que ya se desarrollan en otros países europeos.
De hecho, las tres principales organizaciones nacionales – COAG, Asaja y UPA– han convocado una reunión para hoy que podría acabar en la convocatoria oficial de movilizaciones ante los desafíos que se avecinan, algunos distintos y otros comunes a los que han sacado a la calle a los agricultores en Berlín y París.
En España, por ejemplo, se consiguió una ley de la cadena alimentaria que ahora buscan replicar otros países. Y se ha logrado mantener la devolución del impuesto especial de hidrocarburos para gasóleo de uso agrícola, una de las principales reivindicaciones tras la crisis energética. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la nueva normativa europea medioambiental, que exige mayores inversiones en tecnología, bienestar animal o la limitación de fertilizantes. El sector denuncia que el calendario de adaptación es «poco realista» y, sin mayor presupuesto para llevarlo a cabo, «implicará mayores costes y menor producción, con lo que eso supondría para la inflación».