Bruselas expedienta a España por retrasos en el mínimo de Sociedades del 15%

BRUSELAS. Nuevo toque de atención de Bruselas a España por no aplicar la normativa comunitaria. La Comisión Europea ha decidido abrir un expediente de infracción al país por no incorporar a su legislación nacional la nueva norma que establece un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades a grandes empresas. Bruselas ha enviado una carta a las autoridades españolas y a otros ocho países para que comuniquen qué medidas tomarán para aplicar la nueva regulación y, a partir de ahora, tendrá dos meses para responder al Ejecutivo comunitario.

La normativa para armonizar el tipo mínimo de Sociedades recibió el visto bueno de los Veintisiete en diciembre de 2022, siguiendo el acuerdo alcanzado por 140 países de la OCDE un año antes para fijar un suelo global de este impuesto para las grandes multinacionales. España fue uno de los Estados miembros que más defendió esta iniciativa, que está en vigor desde el 1 de enero de este año.

El anteproyecto de ley para aplicar la medida fue aprobado en el Consejo de Ministros de diciembre, pero aún está a la espera de su tramitación parlamentaria, cuando el periodo para trasponer la nueva ley expiró el pasado 31 de diciembre de 2023.

España tendrá ahora un plazo de dos meses para responder a Bruselas, que si no acepta los argumentos planteados por el Gobierno, en última instancia podría denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Está previsto que la norma se aplique a multinacionales y grandes empresas con una facturación anual superior a los 750 millones de euros. Según explicó en su día el Ministerio de Hacienda, la previsión es que afecte a unas 830 empresas que operan en España, con una estimación de recaudación de 10.000 millones de euros adicionales.

Los últimos cálculos de la OCDE apuntan a que ese tipo mínimo a escala global recaudará finalmente entre 155.000 millones y 192.000 millones de dólares (entre 140.000 y 175.000 millones de euros) , una cifra muy inferior a los 220.000 millones de dólares (200.000 millones de euros) inicialmente estimados por la organización. En todo caso, la cifra implica un incremento de entre el 6,5% y el 8% en la recaudación societaria global.

La Comisión Europea ha abierto expediente a Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Portugal.