Aragón exige al Gobierno financiar la ley de Universidades
ZARAGOZA. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, reclamó ayer al Gobierno de España que se haga cargo del coste que supone implantar la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU), cuantificado en 4,7 millones de euros al año para la Universidad de Zaragoza. Antes
incluso de entrar en la primera Conferencia General de Política Universitaria, Pérez Forniés ya afirmó sentirse «defraudada» por el «ninguneo» a las autonomías en la implantación de la LOSU por parte de los antecesores a la actual ministra del ramo, Diana Morant.
«Casi un año después de su aprobación, el propio Gobierno reconoce los muchos problemas de la ley, anunciando una comisión de trabajo para flexibilizar el calendario de implementación y hablar de corresponsabilidad financiera, pero sin aportar cifra alguna», apostilló tras la cita. Aseguró que por «lealtad institucional» participará en la comisión.
La aragonesa se unió a la petición de compensaciones por los costes derivados de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos con prácticas curriculares. Afecta a unos 9.000 estudiantes aragoneses y tiene un impacto de 300.000 euros. Recalcó que, además de lo económico, provoca un «problema de gestión»: «Ha supuesto un desincentivo a la empresa aragonesa a la hora de llevarse a alumnos en prácticas».
Asimismo, mostró su preocupación por las «cesiones» que el Gobierno tiene previsto hacer a comunidades como Cataluña en materia universitaria, permitiendo la «gestión de sus becas y delegando la competencia de homologación de títulos», y por lo que pueda pasar con la financiación del sistema de investigación.
Discrepancias por la Evau única El presidente de Aragón, Jorge Azcón, calificó de «muy interesante» la iniciativa del PP de plantear una Evaluación de Acceso a la
Universidad (Evau) única: «Mientras que el Gobierno de España no lo haga, es lógico que haya comunidades que nos pongamos de acuerdo». No lo ve así la ministra de Educación, Pilar Alegría, que aseguró que «no tiene encaje legal» dadas las dos sentencias del Tribunal Constitucional «muy claras y rotundas» respecto a su inviabilidad. Desde CHA reiteraron que el plan está «abocado al fracaso» y afearon que el PP «ordene, mande y uniforme sin tener en cuenta a las partes implicadas».