La tensión electoral salta al Ayuntamiento con acusaciones de transfuguismo a los exediles de Cs
● El PSOE asegura que se trata de una «profunda anomalía democrática» y pide a Azcón que les cese ● Serrano recalca que entró como independiente y que es la oposición la que traiciona sus principios
ZARAGOZA. La tensión electoral saltó ayer al Ayuntamiento de Zaragoza con acusaciones de transfuguismo a los seis exconcejales de Cs, ahora no adscritos. Nada más empezar la comisión de Urbanismo, la última antes del 28-M, el socialista Horacio Royo pidió la palabra para señalar al titular del área, Víctor Serrano, y denunciar lo que, a su juicio, constituye una «profunda anomalía democrática»: que la comisión esté presidida «por un tránsfuga». «El transfuguismo debería ser proscrito. Todos los partidos nos hemos conjurado para evitar este tipo de situaciones, que traicionan la voluntad popular», manifestó el concejal, que acusó al alcalde, Jorge Azcón, de quebrantar el pacto antitransfuguismo firmado en 2006.
Serrano no fue menos duro. Aseguró que ni el propio PSOE se cree sus acusaciones –ya que, de ser así, «habría convocado una reunión del pacto»–, y acusó a sus concejales de «traicionar sus principios». «Sería la primera vez en la historia que se considera tránsfugas a quienes mantienen la mayoría de un gobierno que salió de las urnas. Cualquier ciudadano entiende que un tránsfuga hace todo lo contrario. Yo concurrí como independiente, y como independiente me voy», aseveró.
Para Royo, sin embargo, la marcha de los exediles naranjas a las filas del PP supone «un daño gravísimo a la imagen de la política». El propio pacto antitransfuguismo, recordó, obliga a los partidos a no mantener en puestos de gobierno ni como miembros de la junta local ni con competencias delegadas a los tránsfugas. «Si no renuncia, el señor alcalde, en cumplimiento de lo firmado, debería haberle cesado», remarcó.
Serrano, en cambio, cree que lo único que han hecho, al igual que ha ocurrido con «centenares de afiliados en Zaragoza y en Aragón y miles en España», es abandonar un partido que «desgraciadamente, se ha abandonado a sí mismo».
Su justificación no estuvo exenta de críticas a la dirección nacional –contra la que cargó por apoyar dos estados de alarma declarados inconstitucionales–, y a la autonómica, entonces liderada por Daniel Pérez Calvo, que defenderá las siglas de la formación naranja en las elecciones municipales.
El titular de Urbanismo afeó los ataques «directos» a la labor institucional y al trabajo de sus compañeros de filas. «Ejemplos hay mil, como La Romareda o las ayudas a la hostelería», agregó.
También Sara Fernández, en un acto público fuera del salón de plenos, instó a Cs a hacer «autocrítica» ante la «desaparición» de miles de afiliados en los últimos meses. La vicealcaldesa y concejala de Cultura aseguró que se ha ido del partido «con la conciencia muy tranquila», y afirmó que si no dejan su acta es por una cuestión de «responsabilidad».
El debate no quedó ahí. Para Serrano, son los concejales socialistas los que militan en un partido cuyo presidente dijo que no iba a poder dormir teniendo ministros de Podemos. «Comprendo que no lo entienda. Prefiere traicionarse a sí mismo antes de ser coherente con los posicionamientos de su formación. Yo sigo diciendo ‘no con Sánchez’ y ‘no con Bildu’. Lo digo mirándole a la cara, con la conciencia tranquila y las manos limpias. Los que han cambiado de posición son ustedes. Los feministas radicales que sueltan violadores son ustedes», declaró.
Sin explicaciones
Este no fue, en todo caso, el único asunto que crispó la comisión. La izquierda también volvió a exigir la dimisión del gerente de Zaragoza Vivienda, José María Ruiz de Temiño, tras conocerse que compartió detalles de los pliegos de condiciones de un contrato con la empresa que terminó siendo la adjudicataria.
La concejal de Vivienda, Carolina Andreu, se negó a profundizar en el asunto, asegurando únicamente que será en el consejo de Zaragoza Vivienda «donde se darán las explicaciones pertinentes» y que la sesión se convocará «en tiempo y forma» dentro de los 30 días que marca la normativa.
Royo calificó su actitud de «soberbia» y aseguró que cuando uno no asume un error «se hace corresponsable», mientras que Pedro Santisteve, de ZEC, criticó que la actuación de Ruiz de Temiño no haya sido objeto de una «medida drástica» por parte del alcalde.
Gobierno y oposición también chocaron por enésima vez por el plan de Embarcadero. Serrano aseguró que su opinión no se ha movido «ni un centímetro» y que no habrá «ningún proyecto que no sea el destino que hoy tienen los suelos». Mientras, Royo cree que el gobierno sigue utilizando a los vecinos de esta calle para confrontar políticamente con la DGA.