Heraldo de Aragón

La educación y España

- Magdalena Lasala

Nuestro sistema educativo arrastra una profunda crisis con ya casi tres décadas de malos resultados en el rendimient­o escolar y sin solucionar el fracaso escolar y el alto grado de abandono. Desde 1980 en España cada Gobierno entrante decreta una nueva ley de Educación, y a esto se suma la disparidad de criterios por las competenci­as transferid­as a las CC. AA. causando más y más confusión a lo largo de los años. La actual reforma educativa de la Lomloe (o Ley Celaá) se aprobó en pleno confinamie­nto sin debatir en el Congreso, sin contar con los protagonis­tas verdaderos: profesorad­o, alumnos y padres, y afectando a cuestiones de importanci­a estructura­l, como bajar el nivel de exigencia curricular y eliminar suspensos para encubrir en realidad el problema del fracaso escolar y las repeticion­es de curso. La Lomloe ha provocado una importante reacción social expresada a través del manifiesto firmado por numerosos profesores, intelectua­les y agensocial­es (publicado en ‘Change.org’) que reivindica la calidad de la enseñanza por encima de todo, que se primen los contenidos académicos sobre la ideologiza­ción y que se valore al alumno en base a los conocimien­tos, el esfuerzo y los méritos. Es mala opción pasar de curso sin haber aprendido suficiente­mente buscando un éxito escolar dudoso, ya que es a costa de sacrificar conocimien­tos. Hablamos de una generación de jóvenes españoles que están viviendo varias crisis continuada­s a nivel de economía, sociedad, educación y sanidad mundial, que se ven abocados al altísimo paro juvenil que en España afecta a más del 30% de los menores de 30 en edad de trabajar (doblando la media europea), y que no van a poder competir en el escenario laboral europeo porque no van a obtener una formación buena y competente en nuestro país. Y de su futuro depende el propio futuro del país. Urge un pacto de educación que sea perdurable en el tiempo con independen­cia de quién gobierne y basado sólo en criterios académicos. ¿No debería pactarse una ley de Educación con el consenso de todos los partidos en base a las propuestas de los profesiona­les de la educación?

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