Estados Unidos frena la evasión fiscal de las criptomonedas
Las plataformas de intercambio de criptoactivos estarán obligadas a informar a la Agencia Tributaria de las transacciones de sus usuarios.
La Agencia Tributaria de EEUU no quiere perderse la fiesta de la última escalada de bitcoin. En juego están cerca de 360.000 millones de dólares en impuestos anuales, de los que el fisco apenas consigue una mínima parte por la dificultad de rastrear las transacciones con criptomonedas, ya que muchas ni siquiera pasan por territorio norteamericano, aunque sus dueños sí sean estadounidenses.
No ayuda el hecho de que invertir en criptomonedas en EEUU es sinónimo de atravesar un infierno burocrático a la hora de hacer la declaración de la renta. Los contribuyentes están obligados a pedir certificados especiales a su bróker con un informe pormenorizado de las transacciones de todo el año en activos digitales. La mayoría no lo hace y las plataformas tampoco entregan esos documentos en tiempo y forma, por lo que muchas operaciones no ven la luz a ojos de Hacienda.
El Departamento del Tesoro de EEUU, en colaboración con la Agencia Tributaria, acaba de presentar una propuesta que exige a las plataformas de intercambio y a las que sirven como monederos digitales informar de cualquier transacción superior a 10.000 dólares, equiparándola al uso de efectivo o de otros instrumentos financieros tradicionales.
Da igual lo descentralizado que esté el ecosistema cripto, porque la normativa a partir de ahora para las plataformas tecnológicas será la misma que para los bancos o los bróker que operan en Bolsa. Al menos, para todos aquellos que operen en suelo estadounidense o cuyas operaciones tenga como origen o destino algún contribuyente norteamericano.
Con esta iniciativa, las plataformas de intercambio estarán obligadas también a reportar cada año tanto los beneficios como las pérdidas en las que han incurrido sus usuarios, de forma que para la Agencia Tributaria sea más sencillo identificar los intentos de evasión fiscal, al tiempo que el Gobierno así puede rastrear las transacciones que se realizan con activos digitales.
Se trata de un cambio de paradigma muy relevante en la normativa tributaria de EEUU, que hasta ahora confiaba más en la buena voluntad de los contribuyentes para declarar sus beneficios comprando y vendiendo criptomonedas. Es lo mismo que ocurre con quienes especulan con divisas tradicionales. Por debajo de un importe, los beneficios de esas transacciones quedan fuera del radar de Hacienda. Y así seguirá siendo en el caso de las monedas tradicionales, pero no con bitcoin o ethereum, que para el fisco americano se parecen más a inversiones en Bolsa que a un intercambio de divisas.
La decisión no ha dejado indiferente al mercado. Para algunos inversores y entusiastas de las criptomonedas, este movimiento supone una amenaza a la privacidad y la descentralización, mientras que otros reconocen la necesidad de un marco regulatorio claro que brinde mayor legitimidad al mercado cripto.
Además, para las plataformas de tecnología financiera supone un reto extra y un mayor esfuerzo económico para adaptarse a la nueva regulación y actualizar sus sistemas de cumplimiento normativo. Aun así, tendrán tiempo, ya que la normativa no entrará en vigor hasta 2025, y los informes anuales no serán obligatorios hasta 2026.
Por su parte, Hacienda es consciente de que esta medida es solo un primer paso en su lucha contra la evasión tributaria y aunque espera identificar miles de millones en la sombra, las estadísticas no ofrecen garantías y la cifra final se situará muy lejos de los 360.000 millones de dólares, que es el potencial recaudatorio máximo en un año de ganancias récord.
Además, la decisión del Departamento del Tesoro sienta un peligroso precedente que podría ayudar a la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en su batalla judicial para intentar equiparar las criptomonedas con cualquier otro valor negociable en Bolsa, quedando así bajo su supervisión y aumentando considerablemente los requisitos regulatorios para futuras emisiones.
El potencial recaudatorio de la medida asciende a 360.000 millones de dólares anuales
Las plataformas que actúan como bróker deberán informar de operaciones de más de 10.000 dólares
Hacienda recibirá cada año un informe con las pérdidas y beneficios de cada contribuyente