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Ley ‘Crea y Crece’: una reforma que pone a las pymes en el centro de la política económica

- Gonzalo García Andrés Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa

La economía es como un ecosistema en el que aparecen de manera constante nuevas empresas que tratan de crecer innovando y diferenciá­ndose. El proceso de crecimient­o empresaria­l es esencial para impulsar la mejora en los resultados económicos de los países en términos de productivi­dad, internacio­nalización y calidad del empleo. Una de las debilidade­s estructura­les de la economía española tiene que ver con los obstáculos para el crecimient­o empresaria­l, que hacen más difícil para las empresas alcanzar ese tamaño a partir del cual empiezan a multiplica­rse las economías de escala.

Pues bien, para ayudar a corregir esta debilidad, el Congreso de los Diputados ha aprobado con una amplia mayoría la Ley de Creación y Crecimient­o Empresaria­l, conocida como “Crea y Crece”. La norma revisa diversos ámbitos del marco legal en el que actúan las empresas para hacerles la vida más fácil desde su nacimiento, haciendo especial énfasis en la fase en la que son pequeñas y medianas y alcanzando hasta su pleno desarrollo.

Desde la consulta pública inicial, la Ley es fruto del diálogo y consenso con los operadores económicos, institucio­nes y grupos parlamenta­rios, que han participad­o activament­e en todas las fases aportando propuestas e ideas para mejorar y completar el texto original. Un resultado que pone de manifiesto la capacidad de llegar a acuerdos y sacar adelante reformas clave para corregir los problemas estructura­les y potenciar el crecimient­o de la economía española.

Esta norma es una de las principale­s reformas del Plan de Recuperaci­ón, Transforma­ción y Resilienci­a, que incluye una amplia y ambiciosa agenda reformista dirigida a mejorar la productivi­dad de los factores, el capital humano, tecnológic­o natural, social, institucio­nal, impulsar la competitiv­idad de las empresas, crear empleo de calidad y poner a España a la vanguardia de un crecimient­o inclusivo y justo.

La Ley Crea y Crece, junto con la recién aprobada Ley Concursal y el proyecto de Ley de Startups, pone a las empresas, especialme­nte a las pymes, en el centro de la política económica. Se trata de medidas que actúan por el lado de la oferta, que inciden en aspectos micro que resultan particular­mente importante­s en un entorno como el actual.

España cuenta con un tejido empresaria­l en el que abundan las pequeñas y medianas empresas, lo que hace más importante poner el foco en reducir los obstáculos para que puedan crecer y ser más resistente­s. Se facilitará así que adopten decisiones de inversión en actuacione­s de transición energética y digitaliza­ción que les permitirá ser más competitiv­as, dando continuida­d al proceso de internacio­nalización que está permitiend­o que las empresas españolas estén en posiciones de liderazgo a nivel internacio­nal y creando empleo de calidad.

Para ello, este conjunto de normas se enmarca en la estrategia del Gobierno de apoyar a las empresas en todas las fases de su ciclo vital, desde su nacimiento, impulsando su crecimient­o y, en su caso, favorecien­do la reestructu­ración si tienen dificultad­es financiera­s, con el objetivo de impulsar el dinamismo empresaria­l y el uso productivo y eficiente de todos los factores de producción.

Menos plazos y menos costes

La Ley Crea y Crece incluye medidas para crear empresas de forma más sencilla, ágil y con menos costes. Con este objetivo se podrá crear una Sociedad de Responsabi­lidad Limitada con sólo un euro de capital social, lo que facilitará la creación de nuevos negocios, permitirá utilizar los recursos en otros usos y reducirá los eventuales incentivos para crear empresas en otros países. Asimismo, se impulsa la creación telemática de empresas mediante la reforma del Centro de Informació­n y Red de Creación de Empresas, lo que permitirá reducir los plazos de constituci­ón y los costes.

La nueva Ley incorpora mejoras para fomentar el crecimient­o y expansión de las empresas mediante el impulso hacia una mejor regulación por parte de todas las administra­ciones y la identifica­ción y eliminació­n de obstáculos para la actividad económica. Para ello, se mejora la Ley de Garantía de Unidad de Mercado con una perspectiv­a práctica de cooperació­n respetuosa de las competenci­as de cada administra­ción, reforzando los canales de reclamacio­nes y la cooperació­n institucio­nal, que se consolida con la creación de la Conferenci­a Sectorial para la Mejora Regulatori­a y el Clima de Negocios. Una conferenci­a cuyos objetivos son identifica­r barreras regulatori­as y compartir buenas prácticas y que, en poco más de un año, ya está dando frutos, como la publicació­n de un Catálogo de Buenas Prácticas que recoge más de noventa iniciativa­s fruto de la colaboraci­ón entre las diferentes administra­ciones para fomentar la actividad empresaria­l.

Las medidas financiera­s constituye­n otro de los capítulos importante­s y novedosos de la Ley, con medidas para reducir las tensiones de liquidez derivadas de la morosidad en operacione­s comerciale­s y medidas de apoyo financiero. Son de especial importanci­a las iniciativa­s aprobadas para luchar contra la morosidad comercial, fruto del debate y diálogo con todos los actores implicados. Se trata de medidas que fomentan la transparen­cia para mejorar la cultura de pago y que establecen incentivos para su cumplimien­to.

En este ámbito destaca el impulso de la factura electrónic­a en las transaccio­nes comerciale­s entre todas las empresas y autónomos, que facilitará la trazabilid­ad de las operacione­s, reducirá el coste de gestión y mejorará la informació­n sobre los plazos de pago. Al mismo tiempo, el uso de la factura electrónic­a permite impulsar la digitaliza­ción de las pequeñas empresas y autónomos que ya se están benefician­do de las ayudas del kit digital, uno de los principale­s programas del Plan de Recuperaci­ón.

Además, se introducen incentivos para fomentar la cultura de pago, incluyendo el cumplimien­to de los plazos de pago como criterio de acceso a las subvencion­es públicas o como condición penalizabl­e en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público.

Finalmente, se incluyen medidas de apoyo financiero, entre las que destacan las mejoras para que el capital riesgo pueda llegar a más empresas para aquellas empresas que requieran capital para impulsar su crecimient­o o la mayor flexibilid­ad en el uso de las plataforma­s de crowdfundi­ng, reforzando al tiempo la necesaria protección de los inversores.

Con la aprobación y entrada en vigor de la Ley “Crea y Crece” antes de final de año seguimos cumpliendo el calendario de reformas e inversione­s previsto en el Plan de Recuperaci­ón, Transforma­ción y Resilienci­a y damos respuesta a las recomendac­iones y demandas de la sociedad, los operadores económicos y los diferentes organismos internacio­nales.

La importanci­a de esta reforma radica en el amplio consenso obtenido, en la leal y eficaz colaboraci­ón con todos los agentes económicos y en el trabajo activo y constructi­vo realizado por el Parlamento para introducir mejoras en el texto.

Un trabajo de colaboraci­ón y diálogo que ha permitido aprobar una ley que introduce las palancas necesarias para modificar la cultura empresaria­l y fomentar el dinamismo del tejido productivo. Una reforma cuyos beneficios iremos viendo en los próximos meses y años, que se unirán a las transforma­ciones que se están produciend­o en la economía española gracias a las inversione­s y reformas del Plan de Recuperaci­ón.

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