La entrada del Estado en Telefónica alarma a sus rivales en España
Los competidores del antiguo monopolio temen que se produzca una distorsión de la competencia, que se cambie la regulación para favorecerla o que tenga ventajas en concursos públicos.
La entrada del Gobierno en Telefónica, a través de la toma de una participación de hasta el 10% que va a comprar el hólding estatal Sepi, está generando preocupación y suspicacias entre los rivales de la operadora en el mercado español de telecomunicaciones.
Los competidores del antiguo monopolio estatal consideran que puede suponer una distorsión de la competencia al convertirse el Estado en juez y parte, desde el momento en que la Sepi pase a ser el accionista de referencia de la operadora más importante del mercado español.
Fuentes oficiales de Orange, Vodafone, MásMóvil y Digi declinaron realizar comentarios a esta información.
Se da la circunstancia de que el Estado francés es el primer accionista de Orange, ya que no salió del todo de su capital con la privatización, con un 23% entre su participación directa (13,39%) y la del banco público BPI France (9,56%).
Entre las principales consecuencias que los rivales de Telefónica temen que pueda desencadenar la irrupción del Gobierno en la operadora líder figuran las sospechas de parcialidad de la Administración a la hora de adjudicar contratos de servicios a los diferentes entes públicos.
Mucha cuota de mercado
Telefónica, a pesar de que han pasado tres décadas de liberalización total y de competencia, sigue manteniendo unas cuotas de mercado muy elevadas en el suministro de servicios de telecomunicaciones y otros servicios de tecnologías de la información como ciberseguridad, cloud, Big Data o IoT, a los diferentes niveles –central, autonómico, local y de empresas y entes públicos– de las administraciones.
Igualmente, los rivales también temen que la nueva posición del Gobierno en Telefónica influya en el panorama regulatorio que se abrirá en el caso, cada vez más probable, de que finalmente se apruebe la fusión entre Orange y MásMóvil, que creará al líder español del mercado por clientes, tanto en banda ancha
fija como en comunicaciones móviles.
Telefónica lleva lustros reclamando una desregulación y considera que, tras perder el liderazgo del mercado a manos de un rival más grande por número de clientes, debe ser liberada de todas las trabas y obligaciones regulatorias que aún le afectan por ser operador dominante.
Tras la fusión de Orange y MásMóvil, la empresa resultante contará con 8,34 millones de líneas de banda ancha fija, principalmente de fibra óptica y unos 30 millones de clientes de telecomunicaciones móviles –con los datos del tercer trimestre de 2023 e incluyendo IoT– frente a los 5,93 millones de clientes de fibra de Telefónica y los 19,9 millones de líneas de móvil incluyendo IoT.
Modificar la regulación
De hecho, en la reunión celebrada ayer entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno rechazó dar marcha atrás en la compra del 10% de Telefónica, pero se ha abierto a estudiar algún cambio en la regulación, según desveló Feijóo.
El conjunto de los competidores teme que, aprovechando esta circunstancia, la nueva regulación que se aplique tanto desde el Gobierno como desde la CNMC, que también depende del Ministerio de Economía, sea más favorable a los intereses del antiguo monopolio público.
Una de las fuentes consultadas por EXPANSIÓN se pregunta que, “cuando las otras operadoras nos sentemos con el Gobierno para tratar cualquiera de los temas que nos afectan, en regulación, concurso o adjudicaciones, ¿vamos a estar hablando con el regulador o con el accionista de Telefónica? ¿Qué garantías vamos a tener de que los dos papeles del Gobierno se van a mantener separados con independencia absoluta? Siempre se va a imponer una sombra de sospecha de que exista un cierto sesgo favorable a Telefónica y de inicio la objetividad va a estar puesta en tela de juicio”, señala.
Tras tres décadas de liberalización total, Telefónica mantiene una elevada cuota en las administraciones
Ayudas públicas a redes
El plan del 5G rural nació con polémica: Vodafone y Orange denunciaron que favorece a Telefónica
Tras la fusión de Orange y MásMóvil habrá cambios en la regulación y menos trabas a Movistar
Otro de los aspectos que causa preocupación entre los rivales es la actuación de la Administración a la hora de adjudicar los programas de ayudas públicas para el despliegue de redes.
Se espera que en los próximos años se sigan aportando recursos públicos para seguir extendiendo la fibra al medio rural, aunque con cantidades inferiores a las de los últimos ejercicios en que se elevaron mucho gracias a los fondos NextGen.
Tradicionalmente, Telefónica ha sido el principal beneficiario de estas ayudas que se conceden desde 2013, aunque en las últimas convocatorias también han logrado importantes adjudicaciones grupos como Avatel, Adamo o Lyntia Networks.
Igualmente, está también pendiente de adjudicación –se ha retrasado para enero o febrero– el mayor contrato de la historia por la cuantía de las ayudas –544 millones de euros–, el UNICO Redes Activas, para llevar el 5G a poblaciones rurales de menos de 10.000 habitantes. Este contrato nació con polémica y con sendos recursos contencioso administrativos de Vodafone y Huawei, al considerar que en las bases de la licitación se beneficiaba a Telefónica.
La raíz del problema estriba en que el Gobierno introdujo una cláusula por la que se amenaza con tener que retirar –a costa de la teleco– todos los equipos que se instalen de un suministrador si éste es declarado “de alto riesgo”, una amenaza que sólo afecta a las chinas Huawei y ZTE.
Como Orange y Vodafone tienen en muchas provincias su red con Huawei –o con ZTE, también en el caso de Orange–, no se han podido presentar, por el riesgo que suponía, por lo que las posibilidades de Movistar de adjudicarse gran parte del contrato han mejorado mucho.