La Razón (Madrid) - Especiales
Infraestructuras: grandes retos a la vista
n un contexto como el actual, marcado por la transición energética y la transformación digital, se pone de manifiesto que hay que buscar soluciones y modelos de movilidad que permitan disminuir la congestión y la contaminación atmosférica. La hoja de ruta marcada por Naciones Unidas debe hacer posible la descarbonización a través de una gestión sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico. En este objetivo, las infraestructuras del futuro también deberán ser sostenibles para combatir los efectos que impactan en el cambio climático.
Según SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), en España existe un déficit de inversión en infraestructuras de 221.500 millones de euros hasta el año 2030, un importe que podría generar más de tres millones de empleos dentro del sector. La Asociación considera que, a los 159.278 millones de euros planificados para este año, se les deberían sumar otras obras de modernización por valor de 62.216 millones, desglosados en 26.024 millones destinados a agua y medioambiente, 26.775 a la movilidad de viajeros y de mercancías, y otros 9.417 al capítulo de equipamiento público englobando a hospitales o eficiencia energética en universidades.
Las principales dudas surgen en la capacidad de las administraciones de ejecutar planes públicos puestos en marcha, ante lo que se demanda una reforma integral en la contratación pública. A lo largo de 2023, la licitación de obra pública se mantuvo en niveles aceptables con una cifra de 28.161 millones, debido principalmente al impulso de los fondos europeos pertenecientes al programa Next Generation. Para Julián Núñez, presidente de SEOPAN, hay proyectos como los asociados al gua que deberían triplicarse y pasar de los 2.400 millones de euros presupuestados, a los necesarios 8.100 millones si queremos cumplir con el Plan Hidrológico 2022-2027 que es de obligado cumplimiento.
La asociación alerta de la escasa colaboración público-privada existente, con un escaso 3,4% sobre la contratación pública, e insta a cambiar las reglas del juego para impulsar el mercado de concesiones y hacerlas atractivas para el capital privado. El colectivo que engloba a los principales grupos y operadores de infraestructuras de nuestro país, entre los que se encuentran ACS, Acciona, Ferrovial, OHLA, FCC o Sacyr, pide una reforma del sistema de contratación de concesiones, cuyo rendimiento fue topado por la Ley de Desindexación de 2015.
Un ejemplo claro es que, en 2023, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) recibió 25 solicitudes de expedientes, 24 a cargo de las
Ecomunidades autónomas y uno por parte del Estado. De ellos, 17 fueron contratos de concesión de servicios y ocho de obras. Sin embargo, doce de los 25 contratos no se tramitaron por inadmisión o desistimiento, y los otros 13 se evacuaron como preceptivos.
El sector pide tres grandes cambios legislativos para poder llevar a cabo todas las inversiones: restituir la obligatoriedad de la revisión de precios en los pliegos de los contratos de obras, recuperar el contrato de concesión e implementar la modalidad de contratos colaborativos que ha demostrado tener éxito en otros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Australia.
Tendencias en infraestructuras
El último informe llevado a cabo este mismo año por KPMG sobre Tendencias Emergentes en Infraestructuras, destaca diez tendencias que configuran el mundo de las infraestructuras de los próximos años. En primer lugar, demanda un enfoque más amplio para llevar a cabo una transición más justa en la que gobiernos y organizaciones internacionales fomenten una mayor colaboración entre naciones, sectores y ciudadanos.
El estudio también precisa que es necesario un giro en geopolítica, de manera que
las empresas implicadas y los inversores pongan el foco en hallar fórmulas de medir, gestionar y mitigar el riesgo por incertidumbre. La contratación tecnológica y el alcance de los reguladores se ha ampliado para incluir riesgos como la ciberseguridad, la resiliencia, la descarbonización, la financiación y la innovación, temas que también son competencia de los políticos y los reguladores.
Adopción de tecnologías emergentes
El progreso tecnológico se está produciendo en ciclos más cortos y con mayor impacto. Como tal, el informe insta a que los gobiernos y los planificadores de infraestructuras pongan un mayor énfasis en la creación de obras y proyectos más flexibles que hagan un mejor uso de las inversiones a largo plazo.
Para lidiar con toda esta serie de barreras y contratiempos, son muchos los que ven a la tecnología como su gran aliado. La adopción de herramientas de IA y automatización ofrecen ventajas significativas para los grandes operadores y proveedores globales de infraestructuras españoles, que ven cómo afloran proyectos ambiciosos internacionales. Esto implica la utilización avanzada de análisis de datos, combinada con modelos BIM (Building Information Model) y herramientas de monitorización que optimicen la planificación y la programación de los proyectos. La tecnológica IFS estima que, en los próximos tres años, el 30% de las empresas constructoras y de ingeniería implementarán soluciones de este tipo.
Es el caso de OHLA, para la que la transformación digital es una prioridad, convirtiéndose en referente en el uso de gemelos digitales en obras lineales en Europa, como es el caso del contrato ferroviario Lund-Arlöv, en Suecia, uno de los proyectos más innovadores de Europa. Para la compañía, el uso combinado de la metodología BIM, junto a sistemas de información geográficas GIS y el uso de drones, supone un ejemplo claro del potencial que ofrece la digitalización en la construcción, tanto en obras ferroviarias como viarias.
Desde Ferrovial ven cómo las soluciones de IoT, la robótica o los vehículos autónomos no sólo se encargan de recopilar datos que son analizados y optimizan la ejecución de procesos, sino que, además, son el soporte físico sobre el que se ejecutan procesos complejos de analítica e inteligencia artificial que cambian la forma en que los objetos y las infraestructuras intercambian información. Un claro ejemplo es el proyecto AIVIA, centrado en el desarrollo de autopistas inteligentes 5G. Como nos comenta la compañía, lo interesante es favorecer la reutilización del uso de estas tecnologías en otras áreas clave de la empresa para generar sinergias dentro de la organización.
Por su parte, ACS acaba de anunciar su Plan Estratégico 2024-2026 para lograr mil millones de euros de beneficio atribuible en 2026. Para lograrlo, la compañía impulsará inversiones en infraestructuras de nueva generación. El Grupo prevé que los proyectos relacionados con infraestructuras de alta tecnología representen más del 40% de su cartera de pedidos en 2027, frente al 25% que representan actualmente. A través de su filial Turner Construction, ACS cuenta con una posición privilegiada en la construcción de Data Centers, donde tiene acuerdos con las cuatro mayores empresas tecnológicas del mundo.
Agentes implicados
Los grandes grupos empresariales pertenecientes al sector de infraestructuras se enfrentan este año a nuevos y grandes retos a la hora de abordar sus proyectos, tanto nacionales como internacionales. A los problemas más tradicionales asociados a la inversión, coste de materiales, inflación o interrupciones en la cadena de suministro –como sucedió en años pasados–, se les unen ahora los relativos a la sostenibilidad, el cambio climático, la nueva reorganización de las grandes ciudades o la necesidad de aplicar metodologías más respetuosas con el medioambiente que generen menos impacto al planeta.
Para afrontar los nuevos retos será necesaria una mayor colaboración público-privada, encontrar nuevos mecanismos de financiación, aplicar regímenes regulatorios innovadores, desplegar nuevas técnicas de construcción y asumir las últimas innovaciones tecnológicas para mejorar todos los procesos operativos. Como menciona el propio informe de KPMG, para impulsar esta transición, se debe comenzar por un cambio profundo dentro del sector.
mado de energía que consume el sector y de la emisión de gases de efecto invernadero derivadas.
En cuanto a lo que está por vernir, parte del trabajo se centra en los materiales. La materia prima utilizada en la construcción de edificios (pero también en carreteras o infraestructuras de lo más variado) representa alrededor del 9% de las emisiones totales de CO2 relacionadas con el consumo de energía del sector. Hablamos principalmente de cemento y hormigón (cemento más agua, arena y áridos). «La reducción aquí se logra por dos vías. Primero, apostando por materiales que en su fabricación usen menos combustibles fósiles. En el caso del hormigón hay varias líneas de trabajo. Se pueden usar las escorias de las acerías –ahora mismo se barajan porcentajes de hasta el 35% de mezcla–, o aprovechando el hormigón de las demoliciones. Otra línea supone asegurarse de que durante su uso, los edificios emiten menos CO2. Aquí se engloban las medidas de eficiencia energética, desde apostar por diseños que minimicen las necesidades energéticas (buen aislamiento, orientación) a la integración de renovables para cubrir la demanda», afirma Alfonos Ventura, del área de desarrollo del Green Building Council España (GBCe).
Los fabricantes intentan descarbonizar sus procesos, electrificando sus plantas e instalando paneles fotovoltaicos o apostando por la producción de hidrógeno. Un ejemplo es la planta de Pladur de Madrid, donde quieren consumir al menos un 10% de hidrógeno verde en lugar de gas natural ya este 2024. También quieren probar a inyectar en sus hornos biogás, aunque eso ya será más a medio plazo. Hay que recordar que España es la mayor cantera de yeso de Europa y la cuarta del mundo.
También entra aquí la apuesta por biomateriales como arena, paja, cáñamo o madera, una materia prima cada vez más habitual, incluso en obras en altura. En Noruega, el Mjøstårnet es uno de los edificios de madera más altos del mundo con sus 85,4 metros totales. «En España ya hay alguna edificación de siete alturas, que es más o menos la media de la mayor parte de las construcciones». En Lugo desde 2023 existe un edificio administrativo (Impulso Verde) que, según sus promotores (la Universidad Politécnica de Madrid y la de Santiago de Compostela, entre otros...), emite un 90% menos de dióxido de carbono que cualquiera de sus homólogos de hormigón y acero. Además la madera lo absorbe durante el crecimiento del árbol (en este caso, los promotores hablan de hasta 280 toneladas de carbono absorbidas). También las obras se pueden electrificar a través de grúas o carretillas que no usen combustibles fósiles y «hay que atender al fin de la obra asegurando que los materiales se pueden reciclar e, incluso desmontar para volver a utilizarlos», afirma Ventura, aunque el grueso de las emisiones está en
los materiales.