La Razón (Madrid) - Especiales
PESIMISMO O REALISMO: EL TURISMO EN 2020
Este análisis del turismo español huye deliberadamente de ser pesimista, ya que el pesimismo paraliza la acción. Pero ha de ser realista, ya que solamente un diagnóstico realista de la situación y de los factores negativos y positivos que la definen permite abordar los retos y las amenazas de manera eficaz.
Las amenazas al turismo español durante el año 2020 son muchas, hasta el punto de que un pesimista acudiría al tópico de la «tormenta perfecta». Hagamos una rápida enumeración, no exhaustiva:
-Debilidades de los mercados tradicionales europeos, achacable a la ralentización de la economía, y cuyo máximo exponente es Alemania. Esta debilidad afecta especialmente al turismo de sol y playa, pero también al turismo cultural, de ciudad y de reuniones. -Incertidumbre del mercado británico a raíz del Brexit. Hay dos tipos de factores que pueden incidir en el turismo: los de carácter macroeconómico, que escapan a la acción del sector turístico, como son la evolución de la economía británica y la consiguiente relación de cambio entre el euro y la libra, que pueden provocar el desvío del turismo hacia destinos fuera del área del euro; y hay otros factores críticos para el turismo que sí que hay que incluir en las negociaciones que se llevarán a cabo en este año entre la UE y el Reino Unido: visados, asistencia sanitaria, transporte aéreo, «roaming» telefónico, animales de compañía...
-La conectividad aérea, especialmente con Canarias y Baleares, derivada de la desaparición de Thomas Cook. La rápida reacción del sector privado de los mercados emisores ha limitado considerablemente los efectos negativos, pero nuevas amenazas han aparecido, como el ERE de Ryanair que supone la pérdida de 170.000 plazas a Canarias en la temporada de invierno.
-El movimiento social «flygskam», con su gran carga emotiva que hace difícil un enfoque racional del tema de la aviación y del cambio climático. La aviación contribuye, según diferentes estimaciones, del 2 al 5% de las emisiones de efecto invernadero y según la OMT apenas crecerá en tres décimas en 2030. Sin embargo, los viajes en avión se presentan a la opinión pública como uno de los grandes culpables del cambio climático, no reconociendo los esfuerzos de los fabricantes de aviones y de las compañías aéreas al crear y utilizar aeronaves más eficientes que reducen la huella de carbono. La UE y diversos gobiernos europeos apuntan como única solución a las medidas fiscales, en vez de estimular la innovación e implantar el Cielo Único Europeo. La Comisión Europea ha avalado un informe que señala que la pérdida de negocio de la aviación europea será compensado por otros sectores en los que los Gobiernos invertirán los impuestos recaudados a la aviación. Aún va más allá el informe al afirmar que el efecto de los nuevos impuestos será neutro para cada uno de los países miembros, sin distinguir entre los centrales y los periféricos. España recibe el 80% de sus turistas por vía aérea. Por ello resultan sorprendentes iniciativas, tan lesivas para el turismo como restrictivas de la libertad personal, como es la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona de suprimir el puente aéreo. Frente a estas amenazas, hay que apuntar factores positivos, como la creciente importancia de los mercados lejanos, aunque no de todos, que se refleja en el aumento de los ingresos turísticos y en el auge de los destinos españoles urbanos que reciben un turismo de motivación cultural y de reuniones, y que ha sabido equiparse con una nueva oferta hotelera sofisticada.
El sector turístico español ha realizado un ingente esfuerzo inversor para actualizar su oferta e incrementar el valor añadido de sus productos. En los últimos 5 años el sector hotelero ha invertido 7.100 millones de euros en renovación y apertura de nuevos hoteles, y tiene programados otros 3.389 millones de euros para los años inmediatos, de los cuales 2.351 en 2020. Este esfuerzo inversor es el camino para asegurar la competitividad de España frente a otros destinos.
No obstante, esta inversión se ve amenazada por la incertidumbre política y económica de la situación interna española. Una muestra es la reducción del 50% de la inversión en compra de hoteles en 2019. Eliminar, o al menos reducir, esta incertidumbre supondría contestar a una serie de preguntas tan elementales, que incluso no precisarían siquiera ser planteadas en un país líder mundial del turismo:
¿Cuál va a ser el nivel de reconocimiento social y de las Administraciones públicas de la actividad turística, que supone el 12,3 del PIB, el 12,6 % del empleo, y es fundamental para alcanzar los equilibrios de la balanza de pago (71.000 millones de euros en ingresos) y de la balanza fiscal (17.000 millones de euros en impuestos?
¿Cuál va a ser la política turística del nuevo Gobierno en materias tales como la promoción turística o el apoyo a la renovación de los destinos turísticos pioneros?
¿Cuál va a ser el encaje institucional de la Administración turística?
¿Ante la dispersión competencial en materia de turismo, cuál va a ser el nivel de coordinación de la Comisión Interministerial del Turismo, de la Conferencia Sectorial, y de CONESTUR. ¿Dado el carácter transversal de la actividad turística cuáles van a ser las medidas gubernamentales en materia de seguridad ciudadana, de régimen laboral, de carácter fiscal y de medio ambiente que afectan decisivamente a la competitividad del turismo español? La contestación a estas preguntas y la consiguiente clarificación del marco en el que va a desarrollarse la actividad turística será instrumental para asegurar el futuro inmediato de un sector fundamental para la economía nacional y el bienestar de la sociedad española. El sector turístico ha sabido históricamente evolucionar y resolver sus problemas por sí mismo y lo único que pide para continuar con su función social es que no se le pongan dificultades a su desarrollo, sino que los diferentes poderes públicos sean sensibles a los factores que condicionan su competitividad.