Cabezas dice que la Policía Urbana no tramita las multas y Solana lo niega

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El portavoz del grupo municipal socialista , Ricardo Cabezas, denunció ayer que desde mediados de junio del 2020 la Policía Urbana de Badajoz no está tramitando las multas que se imponen en materia de ruidos, veladores, fiestas ilegales e incumplimientos en el horario de cierre de los establecimientos de hostelería. El motivo, según dijo, es la falta de personal y recursos técnicos, lo que ha llevado a que el pasado 3 de marzo el ayuntamiento solicitara por escrito a la Junta de Extremadura que asuma las competencias sancionadoras. La Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior, según Cabezas, no ha atendido esta petición, pues considera que no está acreditada esa insuficiencia de medios que ale

Agentes de la Policía Local patrullan en el paseo de San Francisco. ga el consistorio, al que ha requerido información sobre los procesos pendientes de resolver y sobre expedientes por denuncias impuestas «sin consecuencia» por incumplir la Ley de Espectáculos, sin que hasta ahora haya habido contestación.

Sus palabras no tardaron en tener réplica por parte de la concejala

de Policía Local, María José Solana, quien aseguró que es «absolutamente incierto» que no se estén tramitando las multas y lo acusó de cometer «una grave irresponsabilidad» al realizar estas declaraciones, sobre todo en un momento en el que la pandemia exige que se apele al cumplimiento de las normas sanitarias y restricciones, y no que se lance el mensaje de que no tendrá consecuencias que no se respeten.

/Solana explicó que, además de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, la Policía Local tiene encomendada la tarea de vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias, por lo que las multas se han llegado a cuadriplicar con respecto a antes de la pandemia. Puso un ejemplo: en Carnaval se pusieron 400 frente a las 100 de años anteriores durante estas fiestas. En este sentido, explicó que el ayuntamiento lo que ha hecho es pedir auxilio a la Junta de Extremadura, que también es competente en esta materia, para tramitar estas sanciones, que son leves y tienen un plazo de prescripción de 6 meses.

Solana recordó que no es la primera vez que el ayuntamiento recurre a apoyo externo, pues ya firmó una encomienda con el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) para que se encargase de tramitar las multas por ruido. La concejala de Policía Local aseguró que volverá a ponerse en contacto con la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior, a cuya responsable Nieves Villar, afeó que se «filtre» una información administrativa de carácter interno para que el grupo municipal socialista la emplee como arma política. «Continuaremos tramitando las multas, como es nuestra obligación, y estudiaremos la opciones para hacerlo», dijo Solana, que planteó como una de las fórmulas otra encomienda con el OAR.

Sin embargo, para el PSOE la situación de Policía Urbana no es un problema nuevo, sino que, según señaló el portavoz socialista, las carencias del servicio se deben a una «prolongada mala gestión» de la concejala de Policía Local y una «nefasta planificación» de la Concejalía de Recursos Humanos. En este sentido, el portavoz socialista recordó que en el presupuesto del 2020 se recogían 14 puestos para este departamento, dos de ellos vacantes y había otro cuyo titular lleva años trabajando en otro servicios. Entonces, según dijo, ya se sabía que otro trabajador se jubilaría y dos más concursarían a otros departamentos, por lo que quedarían 8, de los que actualmente dos están de baja.

Los socialistas acusan al equipo de gobierno de «despreocuparse» de buscar una solución, pese a que el PSOE se lo ha advertido en comisiones y plenos, lo que está provocando que se dé «la espalda» al trabajo que los agentes de la policía local realizan en la calle multando a quienes infringen las normas.

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