Algo más que toros
Lo que se debate es sobre la capacidad del gobierno para la toma de decisiones y el poder de la oposición para modificarlas en el pleno de la corporación local
El gobierno quiere mantener el concurso que convocó en febrero para la organización de festejos en la plaza de toros. Lo quiere porque con una aportación económica pública se garantiza que los festejos sean mejores y que se repita el resultado de los dos últimos años cuando hubo más público. Si no lo logra, la primera opción es desistir del concurso y sacar otro sin aportación, algo que se intenta evitar para que no se repita lo ocurrido antes de 2014 (año en el que se empezó a dar la aportación) cuando los carteles eran menos atractivos e incluso se canceló uno de los festejos en la feria de mayo de 2011.
Cualquier solución que se tome no debe tardar porque quedan menos de dos meses para la feria. Cada día que pase sin solución es un paso más hacia una feria de San Fernando sin toros.
El gobierno (PP) acusa a la oposición de querer suprimir los toros en Cáceres porque en el pleno del ayuntamiento del 17 de marzo se aprobó con los votos del PSOE, C’s y Podemos (Cáce-resTú) una moción para retirar la aportación de 40.000 euros que en el concurso para la explotación de la plaza se da al empresario que organice los festejos.
Ese concurso aún no se ha resuelto. Si se adjudica, la aportación sería de 35.000 euros, según la oferta de Lances de Futuro, o de 37.500, según la de Mar Toros. Estas son las dos empresas que se han presentado.
Los partidos de la oposición, que en el pleno tienen la mayoría de los votos, aseguran que lo que quieren suprimir es que el ayuntamiento tenga que aportar una ayuda económica a una empresa privada y con ánimo de lucro para organizar festejos taurinos y demandan al gobierno que busque otras opciones para que haya toros, como un nuevo concurso sin aportación pública y con condiciones que garanticen la calidad de los festejos, algo que para el gobierno es inviable.
EL GOBIERNO
condiciona la continuidad del concurso actual con la aportación monetaria a lo que digan los informes jurídicos y económicos de los técnicos del ayuntamiento sobre los efectos que en el mismo puede tener el acuerdo del pleno. Cualquier indicación en el sentido de que sí tiene una incidencia podría llevar a la suspensión del concurso, que es lo que demanda la oposición desde el día 17.
Aunque este asunto tiene muchos matices, en líneas generales esta es la situación actual del concurso para explotar la plaza durante dos años con posibilidad de prorrogarlo dos más.
Pero el viernes se introdujo un nuevo elemento, que va más allá de los toros y que tiene más incidencia, cuando el grupo municipal del PP, que es el que tiene la alcaldía y el gobierno, presentó un recurso de reposición para que se declare nulo el acuerdo que tomó el pleno con los votos de la oposición para retirar la aportación a los festejos taurinos.
El recurso de reposición tendrá poco recorrido en el ayuntamiento, ya que es el propio pleno el que lo resuelve, por lo que todo apunta a que se desestimará y a que este asunto acabará en la vía judicial con un contencioso.
El recurso abre un debate que es más amplio porque afecta no solo al concurso de la plaza, sino a otras decisiones que se puedan tomar en los tres años que quedan de la actual corporación.
De lo que se trata ahora es de saber hasta qué punto el pleno, en el que la oposición tiene la mayoría, puede cambiar decisiones que sean competencia de la alcaldía o del gobierno. El pleno tiene unas competencias y la alcaldía otras, que están definidas en la Ley de Bases de Régimen Local. Con el recurso, el PP echa un pulso al resto de los grupos políticos y abre otro escenario. Si le sale bien, evitaría que el pleno tumbe decisiones que haya tomado la alcaldía o la junta local de gobierno y que sean de su competencia.
EN EL CASO
del concurso para la explotación de la plaza, el PP se apoya en la Ley de Contratos del Sector Público y en la de Haciendas Locales para concluir que el pleno invadió competencias de la alcaldía cuando acordó cambiar el pliego de condiciones del concurso de la plaza con la supresión de la aportación (los grupos de la oposición podrían haber presentado alegaciones al pliego con las condiciones del concurso, aunque en el caso de la aportación seguramente se habrían desestimado por alcaldía).
El gobierno argumenta que, en base a la Ley de Contratos, la alcaldesa es la competente en el contrato de la explotación de la plaza porque su importe es inferior a 6 millones de euros (su valor es de 1.100.000 euros) y su duración no supera los cuatro años (son dos años prorrogables por periodos anuales sin que la duración total, incluidas prórrogas, pueda superar los cuatro años).
El otro argumento es que por la Ley de Haciendas Locales corresponde a la alcaldesa la formación del presupuesto, por lo que el pleno no puede limitarle la competencia con carácter previo a la elaboración de los presupuestos de 2017 acordando que se elimine cualquier partida que suponga una aportación al contrato de los festejos taurinos.
El pleno sí tiene la competencia de la aprobación de los presupuestos. Es decir, el gobierno puede presentar un presupuesto con una aportación para el contrato de la explotación de la plaza, pero con ello también está dando un argumento a la oposición para no apoyar el presupuesto cuando se tenga que votar su aprobación en el pleno (aunque luego las cuentas tienen un contenido más amplio y con más matices, no solo son toros).
Frente a los argumentos dados por el PP en su recurso, los tres grupos de la oposición coinciden en responsabilizar al gobierno de hacer trampas, de actuar antidemocráticamente y de recurrir a triquiñuelas para intentar saltarse el mandato de un órgano como el pleno en el que está toda la corporación local con sus veinticinco concejales y que, según recuerda la oposición, representa a todos los ciudadanos y votantes.
Lo que salga de este proceso no solo afectará al concurso para la explotación de la plaza, sino también a la capacidad del gobierno para la toma de decisiones y al poder de la oposición para cambiarlas en el pleno.