Badalona adoptará la regulación sobre malos olores de la Diputación
Badalona abre la veda entre las grandes ciudades catalanas para desarrollar una ordenanza propia sobre contaminación odorífera e inicia los trámites.
El Ayuntamiento de Badalona ha dado el primer paso para adoptar el modelo de regulación contra los malos olores que la Diputación de Barcelona publicó en abril, y que ya adelantó EL PERIÓDICO. A finales de la semana pasada, el consistorio anunció la consulta pública relativa a la redacción del anteproyecto de ordenanza reguladora de la contaminación odorífera. Tal como han confirmado fuentes municipales, se trata del trámite habitual, previo a la redacción de cualquier ordenanza.
Dicho período de información pública finalizará el 8 de agosto. A partir de entonces, el consistorio detalla que se procederá a constituir la comisión encargada de redactar la normativa en base al modelo de la Diputación: «Es oportuno y necesario elaborar la ordenanza reguladora de contaminación odorífera tomando como base la redactada por la Diputación y adaptándola a las necesidades y circunstancias de nuestro municipio», se lee en el anuncio publicado por el consistorio. Una vez escrita, la ordenanza tendrá que ser aprobada en el pleno municipal (con mayoría absoluta del PP) y superar el posterior período de alegaciones. De cumplirse los plazos, el marco regulatorio badalonés podría estar aprobado en meses. De esta manera, el gobierno de Albiol pretende «regular y controlar la emisión de olores indeseables procedentes de actividades económicas de diferentes sectores». Todo ello, mientras se persigue «el equilibrio entre los intereses de los ciudadanos y de los operadores de estas actividades».
En Badalona «se ha constatado una demanda creciente de hacer frente a las molestias derivadas de los malos olores, que se ha traducido en un movimiento organizado y en quejas reiteradas de los ciudadanos», asume el propio consistorio en el anuncio del proceso participativo.
Hasta hoy solo Vidreres dispone de una ordenanza sobre hedores, aprobada en enero
Actas de la Guardia Urbana
Una de las entidades que ha mostrado su preocupación al respecto de manera más vehemente es la Associació de Veïns del Barri del Remei, que ha hecho de las emisiones pestilentes de la fábrica de frenos Tenneco uno de sus caballos de batalla. Emisiones que han provocado que la Guardia Urbana de Badalona levantase en abril dos actas por sendos episodios de malos olores: «Celebramos que el ayuntamiento dé inicio al proceso que desembocará en la redacción de la ordenanza, seguiremos haciendo presión para que así sea», asegura la presidenta de la entidad, Silvia Jordán, a este diario.
El movimiento del consistorio badalonés es pionero entre las grandes ciudades catalanas en el sentido que no existe normativa alguna a nivel europeo, estatal o autonómico que limite y sancione la contaminación odorífera.
El problema radica en que las corporaciones locales no disponen del conocimiento ni de los recursos necesarios para acometer una ordenanza tan técnica como la de malos olores. De ahí que la Diputación de Barcelona, movilizada por las peticiones de asesoramiento e información recibidas de parte de múltiples municipios de la provincia, decidiese elaborar el modelo de ordenanza, a disposición de los ayuntamientos de la demarcación, «transitando así por un territorio nuevo», tal como describía el diputado de Acció Climática del ente supramunicipal, Marc Serra, a este medio. Así, el anuncio de Badalona deja claro que «se hace del todo necesario redactar una ordenanza que permita al ayuntamiento dotarse de un instrumento jurídico, y a la vez técnico, en materia de control e inspección de contaminación odorífera».
Después de la publicación del modelo esta primavera, la primera toma de contacto de la Diputación con los municipios interesados en la nueva ordenanza se produjo hace un mes. Hasta el momento, únicamente el Ayuntamiento de Vidreres dispone de una ordenanza al respecto (aprobada en enero de 2024) basada en el texto elaborado por la Diputación. Otros seis ayuntamientos han realizado consultas formales para acabar adoptando el marco regulatorio en sus localidades. Se trata de Viladecans, El Prat de Llobregat, Santa Margarida i els Monjos, Manlleu, Masquefa y Gualba.
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