Competencia plantea que las eléctricas puedan construir redes de alta tensión
▶ Las nuevas líneas se crearían al margen de las que tiene planificadas el Gobierno y servirían para incentivar la demanda de electricidad y avanzar en los objetivos de descarbonización
España aspira a más que duplicar su potencia renovable en los próximos años, mientras el consumo de electricidad cae a niveles de hace dos décadas. Un desequilibrio que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere resolver promoviendo la construcción de nuevas redes de alta tensión al margen de la planificación del Gobierno, para incentivar ese «ritmo de crecimiento de la demanda» y avanzar en los objetivos de descarbonización, según propone en una consulta pública sobre la nueva metodología de la tasa de retribución de las líneas de transporte.
Las distribuidoras eléctricas, como Iberdrola, Naturgy, Endesa o EDP, son las encargadas de llevar la electricidad desde la subestación a hogares y empresas, a través de líneas eléctricas de media o baja tensión; pero entre esas subestaciones y las centrales eléctricas la electricidad se traslada por la red de transporte o red de alta tensión, cuyo titular único es Red Eléctrica, en régimen de monopolio. Para desplegar unas redes se necesitan las otras, pero la alta tensión depende directamente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es el que decide qué nuevas líneas se construyen y lo plasma en un documento con planes para seis años.
El Ejecutivo realiza esa lista porque las redes eléctricas se financian a través de la factura de la luz que pagan los consumidores y para evitar un despilfarro de dinero. La última planificación eléctrica, para el periodo 2021-2026, se aprobó en 2020, aunque se modificó este año para incluir nuevas actuaciones, ante la demanda de grandes industrias por instalarse en España, en el marco del Plan de Recuperación. Aun así, muchas empresas se quejan de que se han quedado fuera de ese documento, pese a que algunas de ellas quieren aumentar su consumo eléctrico porque buscan reducir sus emisiones con el cambio de gas a electricidad, por ejemplo.
Y es en esos casos –compañías que quieran descarbonizarse y no figuran en la planificación vigente–, en los que la CNMC plantea que las empresas eléctricas puedan promover la construcción de la red necesaria. De salir adelante esta propuesta, habría que regular muchos aspectos relacionados, como la titularidad de esas redes, su financiación, el modelo de cesión o quién es el encargado de mantener esa infraestructura, según explican fuentes de la CNMC.
Iniciativa privada
El planteamiento del organismo independiente se alinea con las palabras del consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, durante el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, donde propuso que la iniciativa privada pudiera invertir en redes de alta tensión de forma puntual, a través de concesiones públicas a 30 años, y que fue respondida al día siguiente con una defensa cerrada del modelo actual por parte de Red Eléctrica.
La institución que dirige Cani Fernández es la encargada de diseñar la fórmula de cálculo de la retribución que recibe el operador semipúblico (Red Eléctrica cuenta con el 20% de propiedad estatal) por las redes de transporte y ha realizado una consulta para el nuevo periodo regulatorio (20262031) que aspira a servir de base para la propuesta de modificación.
El problema de fondo deriva de la «necesidad de incrementar el ritmo de electrificación de la demanda ante la evolución negativa que ha registrado en los últimos años», según el texto de la consulta. En lo que va de 2024, la demanda de electricidad apenas ha crecido un 0,6% (120.055 gigavatios hora) frente al mismo periodo de 2023, cuando el consumo de luz cayó a los niveles de hace dos décadas, según los datos de Red Eléctrica. Además, a esto se suma la «necesidad de aumentar la capacidad de acceso a la red» para enchufar nuevas instalaciones de generación, de almacenamiento y de demanda y cumplir, así, con los objetivos de descarbonización.
«Cabría analizar el enfoque planteado por otros países y que ciertas infraestructuras no planificadas pudieran ser financiadas por los propios promotores en los casos de falta de capacidad, siempre que contribuyese a los objetivos de la descarbonización», expone la consulta, que recibirá alegaciones hasta el 15 de septiembre.
Como ejemplo, el conocido como «superregulador» -que está en fase de escisión, para segregar de la institución actual al regulador energético– menciona el caso portugués, donde si no existe capacidad suficiente en la red, se permite llegar a acuerdos entre los interesados y el operador de la red de transporte, y el operador puede asumir los costes financieros de la construcción o el refuerzo de la red necesaria para incorporar la producción del interesado.
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En 2023, el consumo eléctrico cayó a niveles de hace una década y este año va por el mismo camino
En el proyecto están interesadas las distribuidoras, como Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP