Presión a los vecinos del bloque Venus si no retiran demandas
Los habitantes del edificio pendiente de derribo deberán pagar hasta 90.000 euros por su realojo en La Mina en caso de que no renuncien a indemnizaciones.
La pobreza hizo encallar el cambio que, obligadas por el compromiso que adquirieron, las instituciones catalanas le deben a La Mina desde hace más de dos décadas. Unos costes que pocos pudieron afrontar en la zona más castigada del barrio situado a las puertas de Barcelona fueron la trampa que atrapó a la mayoría de los vecinos del deteriorado bloque de la calle Venus, condenado a derribo desde 2002. Las administraciones previeron una gran desalojo en 2010, pero gran parte de los habitantes no pudo asumir la diferencia de valor entre la vivienda a abandonar y un piso recién construido. El coste iba de 34.000 a más de 40.000 euros. El importe se reveló demasiado elevado para uno de los rincones que declaran menos ingresos en el área metropolitana, donde la renta media fue de 6.817,24 euros por persona en 2021.
«Ahora se les pediría de 85.000 a 90.000 euros. Hizo que el realojo fracasara entonces. Lo evitaremos», se comprometió el secretario general de Drets Socials de la Generalitat, Oriol Amorós, el pasado diciembre. Sin embargo, esas cantidades que son el doble de altas o incluso más que las exigidas hace 14 años son las que se pretenden imponer ahora a los propietarios de domicilios de Venus que no retiren las demandas que han interpuesto contra el Consorcio de La Mina, encargado de desatascar la operación y participado por el Govern, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besòs y la diputación.
En los últimos años, decenas de residentes han emprendido acciones legales para ser indemnizados por la degradación que han soportado mientras se demoraba el plan que debe culminar con la demolición del edificio, que sintetiza los problemas de miseria, infravivienda y tráfico de drogas que parte de La Mina acusa. A tenor de los datos de la Generalitat, 38 hogares de Venus han acudido al juzgado, mientras otros 50 siguen los mismos pasos desde el año pasado, cuando registraron la solicitud ante el consorcio del barrio antes de elevarla a los tribunales.
Los demandantes instan a que se les desagravie con 10.000 euros por cada año de retraso en la expropiación. Contando 13 años de espera entre el proyecto fallido y el aprobado tras ser rehecho, cada reclamante pide ser indemnizado con 130.000 euros, lo que suma unos 12 millones. El Govern admite que la demora ha causado un «daño moral», pero no reconoce más derecho que un pago de 5.000 euros para resarcir a todo afectado que haya tramitado una reclamación. Se basa en un cálculo de la comisión jurídica asesora, que resalta que los vecinos son «responsables del mantenimiento y conservación» de la finca.
Los demandantes instan a que se los desagravie con 10.000 € por cada año de retraso
Decreto Haus
Semanas atrás, la Generalitat reiteró que, para evitar que la mudanza embarrancase otra vez, aplicará el decreto Haus. Los afectados lo reivindicaron hace más de una década y concede canjear un piso por otro con los mismos metros cuadrados, sin abonar nada por la disparidad de precio entre un domicilio de Venus -levantado hace medio siglo por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona para reubicar a barraquistas y solicitantes de vivienda pública- y otro de sustitución. La Generalitat ha adquirido 32 viviendas para que los traslados comiencen este verano.
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