El operador denuncia la «ofensiva continua» de la Generalitat

La avería en la estación de Rodalies de Gavà, el lunes de la semana pasada, y el hecho de que en menos de tres semanas haya elecciones municipales han elevado el tono de las declaraciones de los políticos locales, que vienen de muy lejos, contra el mal estado de las infraestructuras ferroviarias en Catalunya. El Govern sigue a la espera de que Adif aclare las causas del incidente que ha dejado cojo el ramal sur de la R2, mantiene el pulso por obtener el traspaso total de las competencias vinculadas al transporte ferroviario y ayer anunció que podría sancionar a Renfe con hasta un millón de euros por el caos de trenes originado. El operador público, que depende del Ministerio de Transportes, ha lamentado haber conocido la noticia a través de los medios de comunicación y ha denunciado ser víctima de una «ofensiva continua».

El anuncio lo hizo el ‘conseller’ de Territori, Juli Fenàndez, durante una entrevista matinal en TV-3, en la que ha culpó al Estado de los males de Rodalies. «Si el Gobierno no quiere asumir sus responsabilidades, nosotros estamos dispuestos a asumirlas todas», dijo.

Ha negado que sea un asunto que haya entrado en campaña electoral al recordar que se trata de «problemas que se viven a diario y que forman parte de la vida cotidiana». Siendo Adif –que también depende del Gobierno– el titular de la infraestructura, responsable de buena parte de las incidencias, es Renfe el receptor de las principales quejas y el protagonista de este expediente sancionador por parte de la Agència Catalana de Consum, que imputa a Renfe prácticas comerciales desleales e incumplimiento de las obligaciones de atención a los consumidores. El operador asegura que la colaboración «siempre es máxima con el titular del servicio (en referencia intencionada a la Generalitat), a pesar de la ofensiva continua que se realiza contra la empresa».

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