El fiscal pide que la Guardia Civil evalúe si Tersa delinquió
▶ El ministerio público detecta infracciones de la normativa medioambiental en las cifras
El fiscal de Medio Ambiente de Barcelona, Víctor Castells, ha solicitado a la jueza de Badalona que lleva el caso Tersa que requiera a la Guardia Civil un informe que analice si la incineradora de Sant Adrià de Besòs ha superado los valores de emisión de contaminantes fijados en la normativa medioambiental. La petición se basa en los datos aportados al proceso por la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), que indican que en ciertas jornadas se rebasaron los límites fijados, tal y como han comprobado EL PERIÓDICO y la fiscalía. El Departament d’Acció Climàtica alega ahora que las referencias remitidas en el juzgado son «erróneas».
En el supuesto de que la jueza lo avale, el dictamen deberá correr a cargo de la Unidad Técnica-Oficina Nacional Central (UCOMA) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a la que se le deberá dar traslado de los datos de la XEAC. En dichos archivos, constan millones de mediciones hechas en continuo de 2017 a 2021. Su lectura permite ver que ciertas cantidades no serían correctas, atendiendo a los valores que marca la instrucción técnica de vigilancia y control de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic y a lo establecido en el real decreto que aprueba el reglamento de emisiones industriales.
Sin suspender la actividad
En concreto, la fiscalía ha detectado en los datos aportados por la XEAC que en determinados días y horas se rebasaron las emisiones permitidas de partículas suspendidas totales (PST), mercurio, acido clorhídrico, monóxido de carbono y compuestos orgánicos. El ministerio público considera que existen unos límites máximos que no pueden ser superados por parte de Tersa, en cumplimiento de la normativa.
Esta disposición detalla qué componentes han de ser medidos en continuo y comunicados a la Generalitat
y qué se debe hacer si hay una anomalía. La norma es muy clara: «En caso de avería, el gestor de la instalación reducirá o detendrá el funcionamiento de la instalación lo antes posible hasta que este pueda reanudarse normalmente». La planta de Sant Adrià no se paró entre los meses de 2018 y 2019 en que las lista del Govern reflejan un posible exceso de emisiones. Tersa alega a preguntas de EL PERIÓDICO que no se excedió de los baremos legales, por lo que niega que hubiera motivo para suspender la actividad.
El fiscal también solicita que los datos de emisiones sean trasladados a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat para que el equipo técnico determine si, a la vista de esos registros, se produjo por parte de Tersa un reiterado incumplimiento de los límites de emisión establecidos en la autorización medioambiental que otorgó a la planta y en las disposiciones legales, según las mismas fuentes.
Si la información remitida al juzgado es errónea, como dice el Ejecutivo catalán, tendrá que justificar cómo se originó esa equivocación. La acusación pública, además, insta al director de la incineradora para que manifieste si existió un funcionamiento irregular en la planta entre 2017 y 2021 y si fue comunicado a la Generalitat.
Eloi Badia, imputado
El concejal de Emergencia Climática del Barcelona y presidente de la empresa pública Tersa, Eloi Badia, declaró el 11 de abril ante la jueza que la planta de tratamiento de residuos urbanos cumple la normativa y dispone de la autorización medioambiental de Acció Climàtica. El edil está imputado por un delito ecológico. También compareció en el juzgado el jefe de exportación de esa compañía, F. R. G., que también está siendo investigado.
Por su parte, Tersa defiende que no rebasó los umbrales de contaminación y que comunicó con rigor las emisiones que generó durante el periodo investigado. En su descargo, esgrime unos informes con resúmenes mensuales de emisiones publicados en la web de la Generalitat, de los que no se desprende indicios de incumplimiento. La compañía dice sentirse «tranquila» frente a las sospechas y remarca que los representantes de Acció Climàtica que han testificado en el juzgado han asegurado que la compañía se atuvo a la ley en todo momento.
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