Los pactos judiciales con violadores encienden el debate
Los acuerdos de conformidad buscan evitar la revictimización de la mujer, pero, a la vez, hacen que los agresores salgan libres con penas muy leves.
La violación de una niña de 15 años y el abuso a otra de 10 en la Región de Murcia son los precedentes más inmediatos de los acuerdos de conformidad firmados por la Fiscalía y los abogados de las víctimas en virtud de los cuales los autores confesos lograron eludir su ingreso en prisión. Estos pactos, por los que agresores confesos eluden la cárcel a cambio de simples cursos de educación sexual, se extienden por toda España. Su propósito, según las expertas, es tratar de evitar la revictimización que supone para las mujeres someterse a una vista oral y tener que explicar de nuevo lo ocurrido.
En uno de los casos más recientes, en el que dos policías locales de Estepona (Málaga) no pisarán la cárcel con la condición de no volver a delinquir y participar en un programa de reeducación sexual, el entorno de la víctima explicó que el acuerdo buscaba evitar la «revictimización» de la joven, que podría ser sometida a un juicio mediático paralelo, como ocurrió en el caso de la Manada de los Sanfermines de 2016.
En la causa de Pamplona, la mujer agredida apareció en diferentes publicaciones y en redes sociales que se convirtieron en una especie de manada virtual amparada por el anonimato de internet. Eric C.T.G, un vecino del barrio barcelonés de Horta-Guinardó, exmilitar y con antecedentes, se enfrenta a tres años de cárcel por publicar en un foro de internet, usando la red wifi de su vecina, una de las imágenes tomadas por los miembros de la Manada durante la agresión sexual a la joven. En concreto, colgó un fotograma en el que la chica aparece siendo vejada por José Ángel Prenda, uno de los condenados.
Además, el procesado en Catalunya fue uno de los primeros de esa jauría virtual que difundió el nombre y los apellidos de la chica, su DNI, fecha de nacimiento, lugar de residencia y el centro educativo en el que estudiaba.
Un informe elaborado en 2018 por el Grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) explica que la victimización secundaria o revictimización se debe a la falta de comprensión que tienen muchas mujeres del procedimiento judicial. También denuncian el escaso acompañamiento que las víctimas tienen de las letradas y letrados, así como «la soledad en la que se encuentra la víctima durante el proceso» y que la carga de la prueba recaiga sobre ella.
Largas esperas en el proceso
La revictimización también se origina, según este colectivo universitario, por las largas esperas que sufren las víctimas durante el procedimiento judicial, la duración del mismo, el cuestionamiento y la desconfianza hacia el relato de la víctima y la reiteración de las declaraciones, las diligencias o las pruebas. Estas prácticas desincentivan, en su opinión, que las mujeres prosigan con sus denuncias.
La normativa vigente, prosigue el informe del Grupo de investigación Antígona, incluye una excepción «sumamente peligrosa»: que para «valorar la credibilidad» de la declaración de la denunciante se puedan formular en el juicio preguntas relativas a la vida privada de la víctima.
La fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, abogó el pasado jueves por llevar a cabo una reforma legal de manera que las víctimas de agresiones sexuales solo tengan que declarar durante la fase de investigación, ahorrándoles así el «calvario» del proceso y la asistencia al juicio oral, algo que algunas mujeres prefieren evitar y que, en ocasiones, lleva a buscar una conformidad con el agresor.
Peramato explicó que esta opción, que se denomina prueba preconstituida, ya se usa cuando, por ejemplo, quien declara es menor de 14 años o en casos excepcionales, como cuando la persona corre el riesgo de fallecer antes de la celebración del juicio. Su propuesta es que debe extenderse no solo a las investigaciones de agresiones sexuales sino al resto de casos de violencia de género.
El hecho de hacer pasar a la víctima por todo el «calvario lento y tortuoso» del proceso judicial, aunque acaben declarando en el juicio a puerta cerrada, es algo que se debe evitar, agrega la jurista especializada en temas de violencia machista. A su parecer, se debe proteger a la víctima y así desincentivar que opte por conformidades para evitar situaciones traumáticas.
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