Ayuso llevará al Constitucional el decreto por invasión de competencias
▶ La presidenta madrileña considera que la norma cuestiona atribuciones regionales ▶ El PP pide una conferencia de presidentes para un texto nuevo
La Comunidad de Madrid cumplirá con su amenaza. Isabel Díaz Ayuso presentará un recurso contra el real decreto-ley de ahorro energético ante el Tribunal Constitucional porque «invade competencias» autonómicas. La dirigente del PP tomó esta decisión ayer después de que el Gobierno rechazara las exigencias de retirar la norma aprobada la pasada semana y se sentara a negociar un nuevo texto con las comunidades. «Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias», resumió la presidenta regional.
De nada sirvió la reunión de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la responsable de Industria, Reyes Maroto, con los consejeros autonómicos para explicar en mayor profundidad el real decreto-ley y solventar las dudas que surgieran. «Les hemos dicho que si el Gobierno no retira este decreto y no empieza desde el principio, negociándolo, hablándolo, discutiéndolo... la Comunidad de Madrid no va a tener más remedio que recurrirlo ante el Tribunal Constitución», aseveró el consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, después de la cita.
Minutos después, Díaz Ayuso lo confirmó a través de un mensaje publicado en Twitter. Mediante un audio enviado a la prensa, la consejera de Medio Ambiente,
Paloma Martín, concretó que acudirán al Tribunal Constitucional porque la norma está «poniendo en cuestión» las competencias «propias» de la región. En concreto, las relativas al comercio, puntualizó. Martín subrayó que las propuesta de Madrid son «claras», pero tan solo mencionó una: «Trabajar para disminuir el recibo de la luz», aunque no desarrolló cómo.
Única capital en Europa
Fernández-Lasquetty recalcó que el real decreto-ley provocará que a partir de esta semana Madrid sea «la única capital europea en la que van a tener que estar todos los comercios apagados» y que no se pueden tomar decisiones de este calibre «sin evaluar las consecuencias». A este respecto, resaltó que podría tener un impacto en la economía española.
La dirección del PP nacional evitó pronunciarse sobre si denunciarán la norma por inconstitucional. Minutos antes de que Ribera descartara retirar el real decreto-ley, como le exigían los conservadores, el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, era cuestionado sobre si iban a recurrir al TC. «No me haga usted que renuncie a que el Gobierno pueda escuchar al PP y acertar. Démosle el derecho a la duda», decía. Eso sí, dejó la puerta abierta a que lo hicieran las comunidades: «Respetamos la decisión de las autonomías».
Tellado, que reclamó la retirada de la norma, tildó el plan de ahorro energético de «improvisación», con «medidas incongruentes» e «inútiles», que provocan una «enorme inseguridad jurídica» y dejan a las pequeñas y medianas empresa en «una situación que es difícil de enmendar». A su entender, Pedro Sánchez debería convocar una conferencia de presidentes para tratar la cuestión. A esta demanda también recibieron un no rotundo por parte del jefe del Ejecutivo.