La política y el Ibex

La cuestión en otoño será cómo compartir los costes de la guerra de Ucrania. La elevada inflación ha venido para quedarse, las restricciones energéticas están al caer y los ajustes presupuestarios resultarán inevitables. Ante ello, se espera de las autoridades públicas y élites económicas un especial sentido de la equidad, un buen hacer que facilite que los ciudadanos asumamos con mayor convencimiento nuestra parte del esfuerzo colectivo. Sin embargo, lo leído esta semana no resulta nada esperanzador.

El decreto del Gobierno para reducir el consumo energético ha levantado una agria polémica. Una exigencia que podría conducirse con

serenidad, entendiendo que estamos ante una emergencia compartida con el resto de europeos, se ha convertido en un burdo zafarrancho. Y se trata tan solo de decidir los límites en el acondicionamiento térmico y la iluminación de edificios y escaparates.

A su vez, esta semana se adelantaban los resultados del Ibex 35 en el primer semestre: los beneficios han mantenido su buen tono mientras los miembros de los consejos de las empresas se han subido su remuneración más de un 7%. Ello en plena dinámica inflacionista, en la que no pocos directivos de dichas grandes cotizadas reclaman que se acoten los aumentos salariales, que en los seis primeros meses se han incrementado muy por debajo del 7%. Mientras cumplan la legislación, las empresas privadas pueden actuar como libremente decidan, pero en estos tiempos no estaría nada mal una mayor empatía con las dificultades del ciudadano medio y, también, de los muchos pequeños empresarios que no saben cómo hacerlo para seguir pagando la nómina de sus trabajadores. Ante lo que viene, las grandes empresas deben asumir que su papel va mucho más allá de la defensa cerrada de sus intereses específicos, y los partidos, entender que no todo vale para derrotar al adversario. De momento, no es así.