De «chapuza» a «razonable»
Comunidades, alcaldes y empresas expresan sus dudas sobre la aplicación del decreto y lamentan lo que tachan de falta de diálogo del Gabinete de Sánchez
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las primeras en alzar la voz en contra del real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno para ajustarse a las exigencias de Bruselas. La rebelión de Ayuso no ha sido la única y aunque acatarán el decreto, responsables de distintas comunidades autónomas y alcaldías de diverso signo político, así como asociaciones y organizaciones de empresarios, se han mostrado en contra, han expresado sus dudas o han dicho estar preocupados por el tiempo que tendrán para adaptarse a la norma.
El Ejecutivo, la dirección nacional del PSOE y Podemos apelan a la solidaridad y califican la norma de prudente en un contexto de crisis energética provocado por la invasión rusa de Ucrania y teniendo en cuenta los costes de la electricidad y los problemas que acarrea la crisis climática. Aunque se comparta la filosofía, los críticos lamentan que el Gobierno no se haya puesto en contacto previamente con comunidades y ayuntamientos, que serán los que finalmente tengan que aplicar las disposiciones del decreto en un tiempo récord.
El lendakari, Iñigo Urkullu, es uno de los que ha dicho que el Gobierno podría «haber contado más con las comunidades autónomas». También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que Galicia va a acatar las normas que ponga en marcha el Gobierno central de ahorro energético, pero ha dejado claro que va a ser imposible asegurarse de que se cumplan algunas de ellas, que ha tildado de «cosméticas».
En la Comunidad de Madrid, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha hablado de «chapuza jurídica desproporcionada» para calificar el plan porque, a su juicio, «solo ahorra en calidad normativa y energía empática con ciudadanos y empresas, sin cogobernanza y sin contar con las comunidades autónomas». Otros territorios, especialmente los gobernados por los socialistas, se han mostrado a favor. Las reacciones también se han extendido al ámbito local.
Lorenzo Amor, presidente nacional de la Asociación de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, considera las medidas difíciles de aplicar por la heterogeneidad de los negocios y las distintas situaciones climáticas del país. En cambio, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, recibe el plan en positivo: «Entendemos que estas medidas son razonables y confiamos en que la hostelería se van a sumar. Sirven para el ahorro energético». ■