La senda del fallo del 1-O
Los jueces deliberarán sobre los derechos fundamentales ☰ Fijados los hechos probados, los magistrados decidirán si constituyen delito
La opción más probable es que haya sentencia en septiembre como muy pronto
Una vez que un juicio queda visto para sentencia, como ha ocurrido con el del ‘procés’, llega el momento del «estudio a fondo y la reflexión profunda y
compartida» de los magistrados para establecer qué ocurrió en Catalunya en el 2017, si los hechos que se declaran probados fueron constitutivos de algún delito y, en ese caso, quién los cometió. Toda esa deliberación se hace a propuesta del ponente del fallo, que en este supuesto es el mismo que preside el tribunal, Manuel Marchena.
Fuentes del Tribunal Supremo (TS) indicaron a este diario que las deliberaciones comenzaron durante el juicio y se retomarían en cuanto el tribunal se pronunciara sobre las peticiones de los acusados más urgentes, como la del líder de ERC, Oriol Junqueras, para poder salir de prisión y convertirse en eurodiputado. Una decisión que el TS tomó ayer al rechazar esa opción. La deliberación se inició en febrero, cuando al comienzo del juicio los abogados plantearon supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. Determinar si existieron o no será lo primero que harán los jueces, ya que en caso positivo podría afectar a todo el procedimiento.
Repaso de pruebas
Las deliberaciones iniciadas durante el juicio se hacen «de forma provisionalísima», porque «hasta que no escuchas a todos y ves toda la prueba no es bueno
Las deliberaciones están regladas como todo lo que sucede en la vista oral de un juicio
fijar posición, ni siquiera» individualmente, apunta un magistrado antes de añadir que al terminar la vista oral se debe repasar toda la documental y el resto de las pruebas. Como explicó Marchena a testigos que trataban de declarar en catalán en el juicio, como el exdiputado de ERC Joan Tardà, todo lo que ocurre en una sala de vistas está perfectamente reglado y las deliberaciones no iban a ser una excepción.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los magistrados del tribunal ofrezcan su opinión y sus sugerencias sobre la propuesta que les haga el ponente, según un orden establecido en función del tiempo que llevan en la Sala de lo Penal.
Primero hablan los que llevan menos tiempo y luego lo más antiguos. En el caso del ‘procés’, ese turno hace que Ana Ferrer sea la primera en pronunciarse, seguida de Andrés Paloco mo, Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta.
Hechos probados
Una vez acordado lo relativo a derechos fundamentales, pasarán a determinar qué hechos dan por probados. Es decir, qué ocurrió. ¿La tramitación de las leyes de desconexión obedeció a la dinámica del Parlament, como esgrime la defensa de su expresidenta Carme Forcadell o formaba parte de un plan para saltarse la legalidad, como dicen las acusaciones? ¿La proclamación de la independencia en el Parlament tenía validez o era pomás que una mera declaración de intenciones?
Aclarados esos extremos, los jueces deberán responder a si los hechos probados constituyen delito y de qué figuras delictivas se trata: la rebelión que propone la fiscalía o la sedición de la Abogacía del Estado. Quizá no sean más que desobediencia, como admitieron las defensas. Luego tendrán que concretar quién lo cometió y la participación de cada uno de los 12 líderes del ‘procés’. Tendrán que repasar todas las pruebas que hay contra ellos antes de determinar qué pena les corresponde a cada uno.
Aunque la intención del Tribunal Supremo sea dictar la sentencia cuanto antes, que el esperado y trascendental fallo pueda estar listo solo un par de meses después de concluido el juicio resulta harto complicado. La opción más probable sigue siendo como pronto septiembre.