Políticos: creemos en su palabra

Los antecedentes nos demuestran que todos los partidos están igualmente comprometidos en la lucha contra la corrupción. Al menos, de palabra. Tan pronto como estalló el caso Filesa, hace ya veinte años, el PSOE ofreció a las restantes fuerzas un «compromiso» para combatir la corrupción y evitar su uso como arma política. Y, tras esquivar el caso Naseiro, José María Aznar hizo bandera de la regeneración democrática ante los escándalos que presagiaban el ocaso de Felipe Gon

zález. Pero volvamos al presente. Este lunes, Josep Antoni Duran

Lleida, aún a la espera de la sentencia definitiva del caso Pallerols, propuso consensuar unas nuevas «reglas de juego» sobre la financiación de los partidos, el trato a dispensar a los políticos imputados y las comisiones de investigación. Y ese mismo día Mariano Rajoy, tras desvelarse la fortuna que su extesorero Luis Bár-

cenas expatrió a Suiza y el (supuesto) cobro de sobresueldos en negro por parte de dirigentes del PP, volvió a proponer, como Aznar dos décadas atrás, «un gran pacto contra la corrupción». ¿Qué más muestras precisan, incrédulos ciudadanos, para volver a creer en la palabra de nuestros responsables públicos?

Demoler la partitocracia

Ahora bastará con que los políticos, fieles a sus reiteradas promesas, restauren la legitimidad del sistema democrático, demoliendo para empezar la vigente partitocracia. Que la contabilidad de los partidos no se audite con lustros de retraso por un organismo, el Tribunal de Cuentas, que ellos mismos eligen. Que solo puedan gastar por ley lo que por ley les corresponda, y que se divulgue la identidad de los donantes que los financian. Que no queden exentos de la vaporosa ley de transparencia que tramitan las Cortes. Que cualquier contribuyente pueda conocer al instante el coste de una obra pública, el presupuestado y el real. Que, reforma electoral mediante, las oligarquías políticas sustituyan la cooptación por la meritocracia. Que las primarias abiertas para elegir a los candidatos sean un mandato legal, no una decisión graciosa del amado líder.

No hay razones para dudar de que esta vez los partidos se lo tomarán en serio. ¿O sí?