Una dependencia fallida
Tras casi dos décadas de rodaje, el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD) sigue teniendo una dotación presupuestaria insuficiente, tanto estatal como autonómica, y problemas estructurales de base que impiden el acceso a las personas dependientes en igualdad de condiciones, desafortunadamente, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se resida.
En Aragón, existen 186.533 personas potencialmente dependientes, según el sistema de información del propio SAAD, de las cuales únicamente han solicitado este derecho subjetivo a la dependencia 56.234 personas, un 30,15% del total que previsiblemente tendría derecho a acceder a la asistencia.
Desde 2020 se recogen datos de las personas que solicitaron la ayuda a la dependencia y fallecieron antes de recibir la prestación del servicio. Las cifras son elocuentes, al tiempo que un desastre, aquí, en Aragón, 1202 fallecieron en 2020, 1233 en 2021, 1099 en 2022 y 972 en 2023. Actualmente, a 31 de mayo, hay 2007 personas a la espera de este servicio. La dependencia, que es una competencia autonómica, es financiada también por la Administración General del Estado (AGE), garantizando así un mínimo a todos los ciudadanos, y contribuye al pago del servicio también la persona dependiente. Este año ha provocado un impacto negativo, en la financiación de la dependencia, la prórroga presupuestaria que ha tenido que realizar el Gobierno debido a la inestabilidad política que lo mantiene.
Es razonable pensar que el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales suspenda, aunque se haya mejorado modestamente el servicio, los datos evidencian la necesidad de una revisión de los procedimientos y el importante retraso que se produce en el acceso a las prestaciones por dependencia.
Además, que únicamente lo solicite algo menos de un tercio de las personas potencialmente dependientes, induce a pensar que algo más falla. La complejidad burocrática y el desconocimiento de la propia asistencia pueden estar en el centro de la cuestión, pero también, el ámbito rural puede considerarse como un hándicap, sobre todo a la hora de recibir asistencia profesional.
En suma, debemos garantizar los servicios de cuidado y buena calidad a las personas necesitadas de ayuda, por si alguien no se ha percatado en el Departamento de Bienestar Social, este derecho es reconocido en el decimoctavo principio del Pilar Europeo de Derechos Sociales y contribuye a la consecución de los objetivos de la Unión establecidos en el art. 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El sistema para la autonomía y atención a la dependencia sigue teniendo una dotación insuficiente