“Quiero una España en que quepan todas las Cataluñas”
Madrid La ministra hacedora de la primera reforma laboral pactada con sindicatos y patronal aspira a una gran conversación con la sociedad sobre el futuro de España pero aún no sabe si aspira a encabezar una candidatura electoral. Aquí cuenta que no quiere.
Ha declarado que renuncia a ocupar la esquinita a la izquierda del PSOE y que prefiere una izquierda más transversal que ocupe más espacio. ¿Es el mismo proyecto político que lideró en su día Pablo Iglesias con el que Podemos consiguió 71 diputados, o se diferencia en algo?
Estoy volcada en la gestión del ministerio. Lo que voy a hacer a partir de ahora es abrir una gran conversación con la sociedad española, pero no para un proyecto político. No estoy hablando de una candidatura. Creo que nuestro país está hastiado de proyectos políticos. Yo quiero cambiar la vida de la gente de verdad, por eso me seduce más lo pequeño. Lo que voy a hacer es abrir una conversación con los sectores profesionales de la sociedad española. Y además no voy a hablar yo, van a hablar ellos. A mí me gustaría conocer, por ejemplo, qué política de ingresos públicos entiende una parte de nuestro país que debe tener España, que sigue teniendo entre siete y ocho puntos de diferencia con la media europea. Eso es otra anomalía tributaria.
¿Lo hará con el traje de ministra de Trabajo?
No, lo voy a hacer como Yolanda Díaz, pero no con el ritmo ni con la pretensión de una candidatura. Yo quiero saber qué piensan sobre los impuestos en nuestro país los arquitectos, las abogadas, los trabajadores de la construcción, los médicos… si piensan que tenemos que actualizar la estructura tributaria, que deje de ser del siglo XX para ser del siglo XXI. Si a los ricos de nuestro país tenemos que decirles que tienen que formar parte del contrato social. Es lo que quiero hacer.
Eso parece precampaña electoral...
No es una campaña. Lo fácil sería eso. Si yo me quisiera presentar a las elecciones, lo diría. Ya me va conociendo España y no me quiero presentar a las elecciones. Quiero hacer algo mucho más difícil, que es abrir una conversación con la sociedad española y cambiar los parámetros, porque creo que la sociedad es moderna y quiere esto, no quiere más políticos.
Que no quiera ser candidata no significa que no vaya a ser candidata...
Las personas que me conocen saben lo que me gusta y lo que no, y saben que soy capaz de estar nueve meses pasándolo mal para subir el salario mínimo 15 euros. Si alguien me dice que Yolanda Díaz va a trabajar miles de horas para una candidatura electoral, ya le he dicho a la sociedad española que no. Soy franca.
Pero esa conversación con la sociedad será también para preparar una candidatura...
No, al revés, es que es todo lo contrario. Yo creo que la sociedad española está hastiada. Primero de una oposición que es un páramo, que no tiene proyecto político para su país. Está hastiada del ruido político, de los insultos, de la bronca. Creo que este país puede ser mucho mejor. Y ahí sí digo con contundencia: ¿voy a trabajar para mejorar mi país? Sí. ¿Quiero ser vicepresidenta? Ya sabe todo el mundo que no. Me ha empeorado la vida sustancialmente. ¿Sueño con volver a mi Galicia? Sí, es verdad. Y luego digo que voy a trabajar desde el lugar que me toque para que no gobierne la ultraderecha. ¿Para eso hay que ser candidata? No. Lo he hecho toda mi vida desde que era una joven abogada. No hay que ser candidata para eso.
¿Pero esa gran conversación tendrá un objetivo?
El objetivo es mejorar mi país y tener un proyecto, que es lo único que me anima, un proyecto para la próxima década. Ya en parte lo estoy haciendo.
P. ¿Y no quiere mejorar el país desde la presidencia del Gobierno?
No estoy en eso y lo digo con sinceridad.
Esa respuesta desconcertará a la gente que la quiere votar.
Sí, es verdad. Todo el mundo quiere ser cosas, pero yo no quiero ser cosas.
Lo digo por lo que pueda pensar la gente que vota a Podemos...
Respeto muchísimo a mis compañeros y compañeras de Unidas Podemos, de los comunes, de todos los partidos que quieren que yo afronte este reto y les quiero dar las gracias. Pero digo con honestidad que yo no he tomado esa decisión. Y cuando la tome, la voy a comunicar, si la tomo, igual que si decido volver a Galicia.
¿Qué acuerdo le resultaría satisfactorio en la mesa de diálogo con el Gobierno catalán? ¿Un referéndum de autodeterminación acordado sobre la independencia de Cataluña?
Nunca debimos haber salido del diálogo en Cataluña. Siempre que hay que hablar de Cataluña es hablar de España. Y quiero una España en la quepan todas las Cataluñas y todas las Galicias, porque hay muchas Cataluñas, muchas Galicias y muchas realidades diferentes. Y esto es lo que creo que quiere mi país y yo quiero que podamos pasar página. Creo que se ha pasado ya en Cataluña. Respeto absoluto a la mesa de diálogo en la que estoy.
¿En su proyecto de frente amplio cabe el nacionalismo independentista?
No estoy en un proyecto político. Eso es metapolítica. Esto no es un proyecto político, creo que es un proyecto social.
Durante las 23 sesiones de control de 2021 hubo temas recurrentes en los que se usaron premisas falsas para descalificar al Gobierno. Son estas.
1. “Seis millones de parados”. El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece un registro de parados actualizado cada mes. En el pico más alto del año (febrero), el paro ascendió a 4.008.789 personas. Algunos partidos engordaron la cifra hasta alcanzar los seis millones.
2. Excarcelación de etarras y traspaso de prisiones. Este año se ha consumado el traspaso al País Vasco de la gestión de las prisiones. La oposición denunció una cesión del Gobierno a EH Bildu para facilitar la excarcelación de presos de ETA, que solo puede autorizar un juez. Esa argumentación obvia que solo se traspasa la gestión de prisiones, no abarca la política penitenciaria, que continúa siendo materia exclusiva del Estado, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución.
3. Una ley para defender al okupa y castigar al propietario. El Gobierno aprobó un real decreto ley en plena pandemia (con sus sucesivas prórrogas) que suspendía temporalmente –sin cancelarlos– determinados desahucios en casos de vulnerabilidad acreditada. La medida
contemplaba la suspensión de los desahucios en los casos en que el propietario tuviera más de 10 viviendas; y en última instancia, se daba potestad al juez para hacer una valoración ponderada. La oposición, encabezada por el PP, afirmó que ese decreto otorgaba libertad para okupar y desprotegía a los propietarios.
4. Una reforma legal para atacar al policía y defender al delincuente. La propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana no recorta el material antidisturbios ordinario, como las pelotas de goma. Tampoco suprime la presunción de veracidad de los agentes de policía, solo los conmina a elaborar un relato de los hechos que sea “coherente,
juez quien tiene la última palabra.
—Diego Gago Bugarín (PP). “Si seguimos por el camino que usted nos marca [Teresa Ribera, vicepresidenta tercera], probablemente el cierre de empresas será todavía mucho mayor. Ya el año pasado se fueron 700.00 empresas literalmente al cierre”
De acuerdo con el anuario de Trabajo, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en 2019 fue de 2.919.407. En 2020, la cifra descendió hasta las 2.897.425, lo que dejaría un saldo negativo de 12.982. calle”. El traspaso, previsto en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía vasco de 1979, solo abarca la gestión de las prisiones, es decir, la ejecución de la legislación en materia penitenciaria es competencia del Gobierno y la excarcelación de presos depende de los jueces.
—Ana María Zurita (PP). “Traen dos decretos donde, con el pretexto de prohibir los desahucios, legalizan la okupación y la libre disposición de propiedades que no son suyas. Okupa y expropia, ataca impunemente a la propiedad privada”. Los reales decretos del 31 de marzo y del 22 de diciembre suspendían, sin cancelar y “con carácter extraordinario y temporal” por el estado de alarma, los desahucios en determinados supuestos. Entre otras condiciones, se establecía que el inquilino estuviera en una situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y no tuviera una alternativa habitacional —se conminaba a la Administración a encontrársela, en cuyo caso se levantaría la suspensión y se reanudaría el desahucio— y que el propietario de la vivienda fuera titular de más de 10 domicilios. No se aplicaría en ningún caso en inmuebles cuyo titular tuviera menos de 10 viviendas; tampoco en casos de primeras o segundas residencias acreditadas, independientemente del número de propiedades del titular; y tampoco si el ingreso o la permanencia en el inmueble eran consecuencia de la comisión de un delito. En el segundo decreto, este último punto se sustituyó por el supuesto de que hubiera mediado “intimidación o violencia” en la entrada o para permanecer en la vivienda. En cualquier caso, se reconocía la potestad al juez de realizar una “valoración ponderada y proporcional del caso concreto”. En el pleno del 24 de marzo, el popular Miguel Ángel Castellón volverá a sostener que el decreto “ampara la okupación ilegal” e “impide que los jueces puedan devolver el uso de un inmueble okupado a sus propietarios”.
—Ana María Zurita (PP). “Tenemos una España con 5,5 millones de parados y, en vez de 20.000 viviendas construidas, tenemos 15.000 okupadas”. El paro en febrero, según el SEPE, el número de desempleados era de 4.008.789. Las condenas por allanamiento de morada en 2020 (en cuyo tipo cae la okupación a particulares) fue de 185, según el INE. Las condenas por usurpación (donde caería la okupación de casas vacías de bancos) fue de 3.157. Para encontrar una cifra parecida a 15.000 okupaciones habría que ir a las denuncias, pero sin tener en cuenta su desenlace. Ascendieron en 2020 a 14.675, sin distinción entre uno y otro tipo.
—Pablo Casado (PP). “Más de 30.000 ancianos han muerto en residencias. Ese es el único legado del señor Iglesias”. Las residencias de ancianos son competencia autonómica, por lo que no corresponde atribuirle a Iglesias la responsabilidad por los fallecimientos.
—Cuca Gamarra (PP). “Los casi seis millones de españoles que quieren trabajar y no pueden no son la prioridad de su Gobierno”. El paro en febrero ascendió a 4.008.789 personas. Si se incluyera a los trabajadores en ERTE como parte de los que quieren trabajar y no pueden, habría que sumarle 858.785. En total, 4.867.574, aún lejos de los seis millones. En el pleno del 24 de marzo, Casado volverá a hablar de “seis millones de desempleados”.
—Edmundo Bal (Ciudadanos). “Ha prometido usted el escudo social, y más del 80% de los hogares españoles aún esperan el ingreso”. De acuerdo con los datos disponibles en aquel momento del Ministerio de Seguridad Social, a 16 de diciembre de 2020, de las 1.079.422 solicitudes de ingreso mínimo vital (IMV) válidas, se habían resuelto 626.355, es decir, el 58%. Quedarían por resolver el 42%.
—Pablo Casado (PP). “El Gobierno ha ocultado casos de extorsión y abusos a menores en Valencia y Baleares”. Los casos a los que se refiere no se ocultaron sino que fueron investigados y, en el caso de Valencia, castigados. El Consell Insular de Mallorca, gobernado por PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos, creó una comisión de expertos que el pasado septiembre presentó un informe con recomendaciones para evitar nuevos casos. La Fiscalía de Menores de Baleares archivó la investigación sobre una supuesta red organizada dedicada a la explotación sexual tras nueve meses de investigación.
—Rosa María Romero (PP). “¡Estamos en la cola de Europa en vacunación!”. A 23 de marzo
7. Los precios de la luz. Precio mayorista de la energía / factura del consumidor. Las históricas subidas en el mercado mayorista de la energía han impactado en la factura de la luz de los consumidores. No obstante, el incremento en un porcentaje determinado de su precio mayorista no se traduce en un aumento de la misma proporción en la factura doméstica. La oposición mezcló ambos conceptos dando a entender que se producía tal asociación e imputando al Gobierno la responsabilidad de ambas.
8. Subida colosal de impuestos. La presión fiscal en España está a algo más de siete puntos de la media europea. El Plan España 2050 del Gobierno prevé
situarse al mismo nivel de tributación que la UE en un periodo de 30 años. De lograrse, supondría aumentar la recaudación anual del Estado en 80.000 millones. No es, como se ha dado a entender, un aumento en los ingresos de las arcas públicas previsto para este año como consecuencia de la subida de impuestos.
9. Financiación ilegal de Podemos a través de narcodictaduras. PP y Vox denunciaron la financiación ilegal de Unidas Podemos a través de narcodictaduras. Se referían a un caso abierto en los juzgados sobre el pago de Unidas Podemos a una empresa mexicana por servicios supuestamente no realizados. Los hechos no se han acreditado. La oposición