Control de drogas a niños de 14 años, entre la prevención y la intromisión
El Parlamento de Canarias instó la semana pasada al Ejecutivo regional a incluir en la consulta pediátrica de los 14 años —la última antes de pasar al médico de adultos— un análisis de tóxicos para detectar drogas si los padres lo solicitan. En su exposición de motivos, la proposición no de ley aprobada por la Cámara alude a la importancia de la detección precoz. Pero, ¿pueden unos padres obligar a sus hijos a someterse a la prueba? Los pediatras y juristas consultados consideran que existen métodos menos agresivos e invasivos. En cualquier caso, destacan que el consentimiento del adolescente sería vital. ¿Dónde acaba la prevención y comienza la intromisión en la intimidad de los menores?
La proposición no de ley se aprobó por 44 votos a favor y 6 abstenciones, de Unidos Podemos. En la exposición de motivos se destaca la “notable reducción de la edad media de inicio en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis”, y se apunta a la necesidad de potenciar la prevención en familias y colegios. Añade que entre los jóvenes canarios está “prácticamente generalizada” la idea de que el “consumo habitual de heroína, alucinógenos, anfetaminas, cocaína o éxtasis no conlleva un gran riesgo”. Por ello, se invita a que en “las analíticas de sangre y orina que de forma normalizada” se realizan en las revisiones a los 14 años se incluyan pruebas para la “detección precoz del consumo” de drogas.
En el Programa de Salud Infantil no consta ningún análisis sistemático a los 14 años. “Ni a esa edad ni a ninguna”, puntualizan los pediatras canarios consultados. “Nos ha sorprendido la noticia. No se ha recabado el asesoramiento de las sociedades científicas”, lamenta Agustín Graffigna, presidente de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria en Canarias. “La indicación de una analítica debe ser bajo criterio médico, no de los padres”, indica.
“La generalización de esta prueba no se contempla en ninguna de las guías consultadas”, afirma el pediatra. No consta en los protocolos de comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco. “Hay otros métodos de prevención, este no es el correcto”, asegura. “Y de practicarse, tendría que ser con la autorización del menor. De lo contrario, estaríamos invadiendo su intimidad con una exploración agresiva como la analítica. Así se quiebra la confianza con el médico. Es muy importante que confíe en nuestros consejos”, continúa.
Fuentes de la Consejería de Sanidad afirman que no pueden pronunciarse sobre la proposición no de ley porque “el Servicio Canario de la Salud aún no dispone del texto final”. El documento con la propuesta está colgado en la web del Parlamento.
Una de las dos enmiendas incorporadas fue presentada por Coalición Canaria —que gobierna en las islas—, e incluyó en la redacción que la prueba se practique “por solicitud expresa” de los padres (inicialmente solo exigía su “consentimiento”). La otra enmienda, del PSOE, llama a asesorar a los padres.
Los médicos ven imprescindible el consentimiento de los jóvenes
Una diputada: “Si no podemos decidir sobre los hijos, bajen la mayoría de edad”
“Los menores de edad son titulares de derechos fundamentales como si fueran mayores, lo que ocurre es que en algunos casos su ejercicio se hace a través de otras personas, como los padres o tutores”, explica Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. “Aquí estaría en juego la integridad física y moral del adolescente, el derecho a que no haya intromisión en su cuerpo sin su consentimiento, su derecho a la intimidad”, añade. “La Ley de Autonomía del Paciente especifica que no se puede
debe actuar el médico al hablar de sustancias nocivas con los adolescentes. Deben ganarse su confianza y respetar la confidencialidad. “Se intentará convencer a los jóvenes, haciéndoles comprender los peligros físicos, psíquicos y sociales, más que amedrentando y prohibiendo, intentando reducir el atractivo social de estas sustancias e informando sobre los efectos perjudiciales más a corto plazo que a largo plazo”, reza el texto. E incluso se recrean posibles entrevistas con los menores. “Después, parece adecuado seguir las normas del Servicio Canario de la Salud, como si de un adulto se tratase. Si no fuma se dará un consejo rápido, sin moralina”, se indica. En el caso del alcohol, “se informará de la misma forma, rápido y sin moralina”. hacer ninguna intervención sin informar al paciente y no distingue entre menores y mayores. Incluye excepciones: cuando esté privado de conocimiento o no sea capaz de comprender la intervención. En este caso, ni están inconscientes ni es posible que alguien de 14 años no sepa lo que es un control de drogas”, apunta. “Según nuestra legislación, los menores deben ser escuchados cuando tengan madurez suficiente y, en todo caso, a partir de los 12 años”, prosigue. “Si un niño de 14 años puede hacer testamento, tiene sentido que pueda elegir si se somete a una prueba”, zanja.
“Los padres no solo tenemos derecho, sino obligación de velar por su interés hasta los 18 años”, sostiene la diputada del PP Astrid Pérez, quien presentó la proposición no de ley. “Si no podemos decidir sobre nuestros hijos, bajemos la mayoría de edad”, asevera. “Antes de plantear la iniciativa hablé con pediatras y con unidades de drogadicción. La mayoría dice que es una fantástica idea. Si alguien tiene una más eficaz, que la proponga, porque los métodos utilizados no funcionan”, añade.
Conocer el entorno
Los médicos consultados insisten en que es más útil analizar el entorno de los menores que un análisis. “Salvo en casos muy concretos, y siempre con su consentimiento, estas pruebas son inútiles y no nos van a decir nada que no nos diga un repaso a sus circunstancias: familia, amigos, estudios, ocio...”, explica José Galbe, especialista en adicciones que trabaja en Zaragoza y es miembro de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
“Los niños dan pistas. Los padres deben hablar con ellos y conocer a la pandilla”, continúa. “Si fuera pertinente el análisis, yo hablaría con el adolescente. Si se negara, no haría la prueba. Le diría al padre que pidiera una orden al juzgado”, señala el doctor. La magistrada de la Asociación Francisco de Vitoria Natalia Velilla ve improbable que un juez accediera. “No es un tema de vida o muerte. Con las vacunas, por ejemplo, es distinto porque es una cuestión de salud pública. Pero aquí hablamos de patria potestad: los padres quieren averiguar si el niño consume y hay otras formas de saberlo. El juez lo rechazaría por desproporcionado. Es matar moscas a cañonazos”, opina.
Si ahora un padre solicita un análisis de drogas, queda a criterio del médico decidir cómo actuar. “A mí nunca me lo han pedido”, cuenta la pediatra María Eugenia Angulo, que lleva 16 años en atención primaria en Gran Canaria. “Tenemos que informar al paciente. Hace poco, un chico de 12 años no quiso que lo explorara; intenté convencerlo, pero se negaba y no lo puedo forzar”.
Félix Notario, de la Sociedad Española de la Medicina de la Adolescencia y pediatra, cree que “los políticos proponen pruebas para descargar su conciencia”, pero que no son eficaces. “No hace falta demasiado test. Uno de cada cuatro adolescentes ha consumido sustancias entre los 14 y los 18 años”, apunta. Y pone el foco en la familia: “Si esperamos a que un análisis nos diga que nuestro hijo se droga, llegamos tarde”.