El Supremo israelí permite el paso a la estudiante retenida en el aeropuerto 16 días
La joven estadounidense estaba acusada de alentar el boicot al Estado judío
En un fallo que supone uno de los mayor reveses sufridos por el primer ministro Benjamín Netanyahu en la actual legislatura, el Tribunal Supremo de Israel autorizó ayer la entrada al país a la estudiante estadounidense que llevaba retenida más de dos semanas en el aeropuerto de Tel Aviv. El Ministerio del Interior prohibió el paso el día 2 a Lara Alqasem, de 22 años y nieta de palestinos, bajo la acusación de participar en la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el Estado judío.
La joven —que había recibido un visado en el consulado israelí en Miami y sido aceptada en la Universidad Hebrea de Jerusalén, recurrió la decisión hasta llegar al Alto Tribunal, que finalmente ha rechazado la acusación del Gobierno.
Decenas de militantes o simples simpatizantes del movimiento BDS han sido bloqueados en las fronteras y expulsados después de que el Gabinete de Netanyahu, considerado el más derechista en la historia de Israel, lograra en 2017 la aprobación en la Kneset (Parlamento) de una restrictiva legislación que les veta la entrada al país. Este fue el caso de la activista española Ana Sánchez Mera, a quien le fue expeditivamente aplicada la norma el pasado mes de julio en el aeropuerto de Ben Gurion cuando coordinaba la visita a Palestina de una delegación de cargos municipales y autonómicos de Podemos.
Al Qasem fue presidenta en la Universidad de Florida, donde se licenció en Derecho, de la organización Estudiantes por la Justicia en Palestina. Durante la vista que se desarrolló esta semana ante el tribunal de Tel Aviv, que confirmó en primera instancia su expulsión, su abogado aseguró que la estudiante se había desvinculado de la política en los campus hace más de un año y que había decidido estudiar un máster sobre derechos humanos en Israel. “La decisión del Supremo es una victoria para las libertades de expresión y académica y para el Estado de derecho”, dijo su defensa en un comunicado citado por el diario Haaretz.
El ministro de Turismo, Yariv Levin, del conservador partido Likud, calificó de “vergonzoso” y “contrario a la democracia” el fallo judicial “al contradecir una clara legislación”.
“Dado que la acusación no ha justificado una causa satisfactoria para impedirle la entrada entrar en Israel, la impresión inevitable es que la invalidación del visado que se otorgó [a Alqasem] se debió a sus opiniones políticas”, reza la resolución del Supremo. “Si este fue el caso, se dio un paso peligroso que pudo haber llevado al desmoronamiento de los pilares sobre los que se asienta la democracia”.