Del dicho al hecho

En política, el trecho entre el dicho y el hecho se asume largo, a juzgar por la opinión generalizada de que los políticos incumplen sus promesas. A pesar de su mala fama, los Gobiernos tienden a cumplir lo que dicen, como muestran los estudios sobre el grado de desarrollo de los programas electorales del PP y del PSOE o la evidencia comparada.

Sin embargo, cuando no hacen lo que dicen, los políticos recurren a las excusas. Y en el contexto actual no les faltan: la dispersión del poder político y económico debido a la globalización, la integración económica y la fragmentación parlamentaria facilita la descarga de la culpa en el FMI, en la Comisión Europea, en el BCE o en el socio de coalición, entre otros. Al mismo tiempo, o quizás por ello, seguramente nunca se habían puesto en marcha tantas iniciativas de la sociedad civil para fiscalizar las actuaciones de los poderes públicos como en la actualidad.

Los proyectos cívicos, como la medición del grado de cumplimiento de las promesas electorales, son el resultado de lo que podríamos llamar la buena desafección ciudadana. Me refiero a la reacción social tras la crisis que no ha desembocado en la alienación política, sino, por el contrario, en una mayor exigencia a los Gobiernos y en un fortalecimiento de los mecanismos de control político. El vínculo con el sistema político se mantiene, puesto que solo estamos dispuestos a fiscalizar con mayor energía aquello que valoramos y queremos preservar. Esta reacción contrasta con el desapego que caracteriza la mala desafección política. La que ahora se deja seducir por el órdago a las reglas de juego que lanzan los populismos y que, más que aspirar a controlar el ejercicio del poder, propugna un cambio, sin importar tanto cómo se ejerza la autoridad. Significa tirar la toalla bajo la creencia de que el sistema actual no ofrece alternativas. Refleja la interiorización final del mensaje TINA (there is no alternative, no hay alternativa).

La mala desafección política no nace solo del giro en las promesas electorales, sino también de una fractura más honda en la representación política: la percepción de que las promesas, en sí mismas, se han escrito sin tener en cuenta lo que quiere la ciudadanía. No se trata de un problema de incumplimiento, pues en muchas ocasiones los políticos hicieron lo que decían. Se trata de que cumplieron, sí, pero con lo que otros les exigían.