El Supremo puede frustrar la última maniobra separatista
El juez procesará mañana a Jordi Turull, el nuevo candidato secesionista Si Turull fuera a la cárcel, quedaría casi descartado para presidir la Generalitat Los independentistas tratan de acelerar los tiempos y celebrar hoy mismo el pleno
El Tribunal Supremo interfirió ayer en los planes del independentismo para investir como president al diputado Jordi Turull. El juez Pablo Llarena prevé procesar mañana por rebelión a los líderes del procés. Ha citado a seis de ellos, incluido Turull, para decidir si mantiene su libertad provisional o les impone otra medida cautelar, sin descartar la prisión. Si Turull es encarcelado, su candidatura quedaría descartada, visto el precedente de Jordi Sànchez, que no pudo ir a la sesión de investidura. Además, los procesados presos serán probablemente inhabilitados. En previsión de que ocurra todo esto, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, podría acelerar los tiempos y convocar ya el pleno de investidura. Por lo pronto, anoche llevó a cabo una ronda telefónica de consultas.
El Tribunal Supremo irrumpió ayer en los planes con los que el independentismo pretende investir president a Jordi Turull. El juez Pablo Llarena procesará mañana por rebelión a los líderes del procés y ha citado a seis de ellos, incluido Turull, para decidir si mantiene la libertad provisional que decretó en su día o les impone otra medida cautelar, sin descartar la prisión. El soberanismo respondió con una maniobra exprés: anoche se disponía a celebrar hoy mismo la investidura. Si sigue adelante, Turull será president salvo que Llarena le envíe a prisión, lo que previsiblemente le impediría tomar posesión. La justicia ha dado al traste hasta ahora con las dos primeras propuestas de los independentistas para nombrar un presidente de la Generalitat tras las elecciones del 21-D (Carles Puigdemont y Jordi Sànchez). Y ayer el Tribunal Supremo dejó en el aire la tercera. El juez Pablo Llarena procesará mañana por rebelión a los líderes del plan independentista catalán, un paso que indica que ha encontrado indicios criminales suficientes contra ellos y que, previsiblemente, serán juzgados en los próximos meses.
Llarena ha citado a las 10.30 a los abogados de los 28 investigados para entregarles el auto de procesamiento; pero, a la misma hora, ha convocado también a seis de ellos para celebrar una vistilla en la que se decidirá si impone unas medidas cautelares distintas a la libertad bajo fianza que decretó en su momento. Los seis investigados a los que se revisará la situación son todos los miembros del Govern de Carles Puigdemont que siguen siendo diputados y salieron de la cárcel tras pagar una fianza (Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva), además de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la número dos de ERC, Marta Rovira, ambas también en libertad provisional. De los investigados que siguen siendo diputados el juez solo ha dejado fuera de la vistilla a dos exmiembros de la Mesa: Lluis Guinó (Junts per Catalunya) y Joan Josep Nuet (Catalunya sí que es Pot). Este último probablemente no será procesado.
El encarcelamiento de alguno de los parlamentarios convocados mañana implicaría previsiblemente su suspensión como diputado, ya que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la suspensión automática para ejercer cargo público de cualquier persona “integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes” una vez que haya un auto de procesamiento firme y se haya decretado su ingreso en prisión.
No obstante, hay discrepancias sobre que la referencia a los “rebeldes” en este artículo del Código Penal aluda a investigados por rebelión; algunos juristas consideran que se refiere a fugados de la justicia. Pero en el Tribunal Supremo, aunque no hay jurisprudencia, se ha extendido en las últimas semanas la interpretación de que sí se puede suspender temporalmente a los procesados por rebelión. Con todo, para que se aplique esta suspensión el procesamiento debe ser firme, por lo que si las defensas recurren el auto de Llarena habrá que esperar a que la Sala de Apelaciones resuelva, lo que demoraría unos días la inhabilitación de los implicados. Esta suspensión afectaría también a los diputados que ya están presos (Oriol Junqueras y Jordi Sànchez) y a los fugados (Puigdemont y Toni Comín).
Amenaza de prisión
Entre los afectados estaría Turull en el caso de que Llarena decida mañana encarcelarle. El juez no ha dado pistas sobre qué va a hacer en la vistilla de medidas cautelares, pero, si una de las acusaciones pide cárcel para alguno de los seis implicados, Llarena puede decretarla. Vox ya adelantó ayer que se plantea pedirlo. En el caso de que el juez rechace mandarles a prisión, lo que sí hará Llarena será reeditar las advertencias que ya hizo a los seis en los autos en los que decretó su libertad bajo fianza. En esos autos, el instructor les concedió la libertad con una condición: si volvían a delinquir o a apostar por la vía unilateral para conseguir la independencia, les mandaría de nuevo a prisión.
Llarena no ha revisado hasta ahora estas medidas, pero en algunos de sus últimos autos ha mostrado recelos hacia la actitud que están manteniendo los partidos independentistas y considera que no hay certeza de que “la voluntad política mayoritaria” en Cataluña sea respetar la ley para lograr la independencia, lo que ha repercutido directamente en el rechazo a dejar en libertad a los investigados que siguen presos. Si Llarena interpreta estas actuaciones como una reincidencia en el delito, puede decretar la prisión para los procesados. Si no lo hace y Turull es investido, su presidencia estará limitada por la amenaza de volver a la cárcel.
El auto de procesamiento de mañana incluirá también a Carles Puigdemont y los cinco exdiputados fugados. Los planes del Supremo pasan por dictar inmediatamente orden internacional de detención contra los huidos.