Un condenado por patear a una mujer tendrá que seguir un curso de género
social de las cuidadoras familiares entre los ejercicios de 2013 y 2017. “Esto es gravísimo; el Gobierno de Rajoy ha asfixiado la dependencia con recortes inmisericordes”, denuncia Ramírez, que recuerda además que del presupuesto aprobado para 2017, se dejaron sin gastar 44 millones de euros. El Ministerio se justifica afirmando que ejecutó el 96,51% del presupuesto “basándose en las certificaciones aportadas por las comunidades autónomas”. Mario García, el hombre que pateó a una mujer en la avenida Diagonal de Barcelona y difundió las imágenes, tendrá que asistir a un curso de “sensibilización de género” y a otro de “prevención de comportamientos violentos” si quiere evitar el ingreso en prisión. El agresor, toledano de 27 años, aceptó ayer una pena de un año y medio de cárcel por dar una violenta patada por detrás y en el tobillo a una mujer que esperaba a cruzar un paso de cebra la madrugada del 22 de febrero de 2015. Lo hizo con la ayuda de Álvaro Gragera, de 28 años, que grabó la escena con su teléfono móvil y ha sido condenado a un año de cárcel por los mismos delitos: contra la integridad moral y lesiones.
La sentencia recoge que los acusados actuaron con “el afán de humillar y ridiculizar a una mujer por el hecho de serlo”. A petición de la acusación popular, que ejerce la asociación Dones Juristes, el escrito de conformidad señala que la agresión tuvo “un gran impacto sobre la víctima” y, en general, sobre el papel de las mujeres en el espacio público. “Tienen un problema de aceptar la diversidad”, espetó a los acusados durante la vista el fiscal de delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.
Evitar la cárcel
Como las penas son inferiores a los dos años, la juez acordó que se suspenda su ingreso en prisión siempre que se cumplan unos requisitos: que no vuelvan a delinquir en dos años, que no se acerquen a la víctima y que asistan a los dos cursillos, que se organizan en Cataluña desde hace tiempo como medida alternativa a la prisión. Los jóvenes ya no viven en Barcelona, pero tendrán que acudir al lugar más cercano a su domicilio donde se imparta uno de esos cursos. Tras la vista, la abogada de la víctima contó que los jóvenes le pidieron perdón, por carta, antes del juicio.
La sentencia les aplica la agravante de alevosía y discriminación por sexo, pero también la atenuante de reparación del daño porque los jóvenes pagaron 60.000 euros para afrontar sus responsabilidades; la indemnización, finalmente, se ha fijado en 48.000. La juez también ordenó que se elimine de Internet el vídeo, de unos 30 segundos, que recoge la agresión y que hasta ayer contabilizaba, solo en Youtube, más de 600.000 visitas. La abogada de Dones Juristes, Laia Serra, pidió a los medios de comunicación que no difundan más las imágenes.