El Defensor describe un sistema de asilo insostenible
Marugán critica que el Gobierno no haya planteado medidas
España cuenta con un sistema de acogida de refugiados absolutamente “insostenible”, según concluye de forma contundente el informe anual del Defensor del Pueblo presentado ayer, donde la institución describe la falta de previsión y capacidad del Gobierno de Mariano Rajoy para planificar “las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un periodo corto de tiempo”. Según los datos recabados por el organismo encabezada por Francisco Fernández Marugán, en 2017 se presentaron más de 40.000 peticiones de protección internacional en la Oficina de Asilo, que se suman a las más de 30.000 que se encontraban pendientes de resolver.
“La situación en España exige actuaciones inmediatas que no permiten más demora”, continúa el documento, en el que se insiste en que este problema afecta a la “credibilidad” internacional del país. Y, aunque el informe reconoce los esfuerzos de la Administración para paliar las deficiencias del sistema de asilo, los considera insuficientes. El Defensor relata cómo potenciales refugiados ni siquiera pueden presentar su solicitud porque no consiguen cita debido al colapso y cómo se incumplen los plazos previstos en la legislación para ofrecer una respuesta a los solicitantes.
A esto se suma, en opinión de Fernández Marugán, la “incomprensible” demora en la publicación de un reglamento de Asilo previsto en la ley de 2009 y que acumula ya nueve años de retraso. “Esta ausencia de desarrollo reglamentario afecta gravemente a las personas solicitantes de protección internacional en cuestiones tan importantes como la reagrupación familiar”, apunta, antes de especificar que las competencias en esta materia recaen sobre dos ministerios distintos —Interior y Empleo— y que, pese a la creación de una comisión interministerial en 2015 para la denominada crisis de los refugiados, existen “carencias de coordinación”. En ese sentido, el Defensor insta al Ejecutivo a abordar una “revisión orgánica y funcional profunda para dotar de mayor eficacia a la gestión del servicio público”.
La institución enmarca, además, esta batería de déficits en la falta de una “política migratoria que contemple todo el fenómeno en su totalidad”. Marugán habla de “carencias estructurales” en la gestión de los procedimientos para obtener la nacionalidad, con más de 400.000 expedientes pendientes de resolver en la Dirección General de los Registros y del Notariado; de un sistema de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que requieren una “profunda reforma”; cuestiona el uso de la cárcel de Archidona como CIE el pasado noviembre; y denuncia la falta de protocolos para la asistencia y acogida de los inmigrantes llegados en pateras. El pasado año, más de 29.000 personas arribaron a las costas. “Ha llegado el momento de analizar la experiencia acumulada, aprender de los errores cometidos y planificar de una forma ordenada la atención a las personas que seguirán intentando alcanzar Europa”, reclama el Defensor, que recupera la idea de poner en marcha una Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, que se creó en 2006, pero que nunca llegó a implementarse y que el Gobierno suprimió en 2015. Este organismo, según Marugán, debería reforzar financieramente a las comunidades con mayor población inmigrante a través de un fondo presupuestario de dotación mixta del Estado y las autonomías. 40