Andalucía pide un régimen fiscal especial en el Campo de Gibraltar para sortear el Brexit
Albares asegura que se garantizarán los derechos de los trabajadores transfronterizos
La Junta de Andalucía reclamó ayer un régimen fiscal especial para el Campo de Gibraltar, similar al que tienen Canarias o Ceuta y Melilla, para evitar el dumping fiscal una vez que entre en vigor el acuerdo que regula las relaciones entre la colonia británica y la UE. Así lo reclamó el consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, tras participar en una reunión en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores con el ministro José Manuel Albares y los alcaldes del Campo de Gibraltar.
Sanz alegó que, cuando se ponga en marcha la libre circulación de bienes prevista en el acuerdo que se está negociando, las empresas de la comarca gaditana vecina al Peñón se encontrarán en inferioridad de condiciones respecto a las gibraltareñas, que solo pagan un 10% de impuesto de sociedades frente al 25% vigente a este lado de la Verja. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, también del PP, subrayó que el puerto de Gibraltar está exento de las tasas que pagan sus homólogos europeos, lo que supone una competencia desleal. Albares aseguró que los negociadores trabajan para lograr una mayor “armonización fiscal”, pero no se pronunció sobre un estatuto especial que es competencia de Hacienda.
El consejero andaluz también pidió que la Junta de Andalucía esté presente en las negociaciones a tres bandas que mantienen el Reino Unido, la Comisión Europea y España, recordando que algunas de las cuestiones que se debaten son de competencia autonómica. “Cuesta trabajo entender que Gibraltar esté presente y la Junta de Andalucía, no”, dijo, en alusión a la presencia del ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, en la delegación británica. Albares insiste en que la política exterior corresponde en exclusiva al Gobierno central, pero recuerda que está en comunicación directa con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, del PP, con quien habló el pasado miércoles para informarle de la marcha de las negociaciones.
Tanto Sanz como Albares inistieron en destacar la “lealtad institucional” que deben mantener las distintas administraciones ante una negociación que afecta a la vida de los casi 300.000 vecinos del Campo de Gibraltar y en la “oportunidad única” que existe para llegar a un acuerdo que redunde en el desarrollo económico de la comarca, pero el primero advirtió de que este no debe alcanzarse “a cualquier precio” y se quejó de que la información recibida ha sido “superficial e incompleta”. Fuentes diplomáticas alegan que cualquier filtración puede ser aprovechada por los sectores más eurófobos del Partido Conservador británico para torpedear la negociación, como ya se ha visto.
El ministro aseguró que el acuerdo que se ultima con el Reino Unido “garantiza los derechos de los alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos, más del 50% de la fuerza laboral de Gibraltar, no solo de los actuales sino de los futuros”. Se refería al hecho de que los españoles que han trabajado el Peñón cobran actualmente pensiones más bajas que los gibraltareños, una discriminación con la que se quiere terminar.
Aeropuerto conjunto
El jefe de la diplomacia española también ha dado por sentado que el futuro acuerdo incluirá el uso conjunto del aeropuerto construido en el istmo del Peñón y, aunque no ofreció detalles sobre el régimen jurídico al que estará sometido, dio por hecho que se reanudarán los vuelos con Madrid o Barcelona, que ya hubo entre 2009 y 2011.
Albares se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar en breve un acuerdo que conlleve la demolición completa de la Verja, pero advirtió de que se trata de una negociación de “enorme complejidad” en la que hay muchos ministerios implicados y no quiso comprometer una fecha para su culminación. El ministro subrayó que España no renuncia en todo caso a su reivindicación sobre la soberanía de la colonia británica.
A la reunión asistieron, además del consejero de la Junta, los alcaldes de San Roque, Algeciras, La Línea, Jimena de la Frontera, Quintanar de la Frontera, Los Barrios y San Martín del Tesorillo, así como el teniente de alcalde de Tarifa y las presidentas de la Mancomunidad de Municipios y la Diputación de Cádiz. A continuación, el ministro se reunió con representantes de la sociedad civil del Campo de Gibraltar (Cámara de Comercio, sindicatos, patronal, la autoridad portuaria o el campus universitario) para informarles sobre las negociaciones.
El puerto de la colonia está exento de tasas, al contrario que los europeos
El impuesto de sociedades al otro lado de la Verja es del 10%; en España, el 25%