Los ecologistas denuncian que la reforma de la Ley del Suelo dificultará recurrir los abusos
El Ministerio de Vivienda afirma que la norma busca la estabilidad jurídica
Los ecologistas denuncian que la reforma de la Ley del Suelo, que está en tramitación, recorta la acción pública para recurrir los planes urbanísticos y limita los supuestos en los que la justicia pueda declarar nulo de pleno derecho uno de ellos. Afirman que será más difícil oponerse a abusos ambientales como los de El Algarrobico o Isla de Valdecañas. “Si el urbanismo ya es una selva, nos lo van a poner aún más difícil para recurrir las tropelías”, critica María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana responde que la norma, solicitada por comunidades y ayuntamientos de todo signo político, busca “dar estabilidad [jurídica] a unos instrumentos de planeamiento que hoy no la tienen”.
El sector inmobiliario reclama desde hace años un marco normativo que evite que se anulen planes urbanísticos por lo que consideran “deficiencias de carácter meramente formal”, como podría ser la falta de un informe. La Asociación de Promotores y Constructores de España calcula que hay alrededor de 100 municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad total de sus planeamientos. La norma no tiene garantizada su aprobación: Podemos ha criticado que favorece “pelotazos urbanísticos”, y Sumar ha presentado una observación formal sobre su contenido.
“La acción pública que ejercemos ha contribuido a proteger el medio ambiente y siempre se ejerce con buena fe. No entendemos que haya que limitarla”, señala Inés Díaz, responsable del área jurídica de Greenpeace. “Si se aprueba la reforma así, supondrá que no podremos recurrir si no somos parte en un procedimiento. Ahora mismo sí podemos hacerlo. Esto nos ha permitido personarnos en El Algarrobico, declarado ilegal por la justicia”. Lo confirma José Ignacio Domingo, el abogado que ha llevado los recursos frente a este hotel ilegal: “Las grandes constructoras presionan desde hace muchos años y ahora les han hecho caso. Han actuado con impunidad absoluta muchas veces y con esta ley se pretende que sea más difícil anular estos planeamientos. Con esta reforma habría sido más difícil recurrir por El Algarrobico”.
Nieto, por su parte, apunta: “Los planes generales se tramitan durante años, requieren informes jurídicos y de todo tipo, por lo que si apruebas un plan saltándote esos procesos, y te lo dicen en las alegaciones, no es un error formal, sino un error grave”. Y añade: “Se nos quiere quitar la posibilidad de recurrir si no estamos presentes desde el inicio, pero para nosotros es difícil estar en la tramitación de planes de más de 8.000 municipios, y en comunidades autónomas y diputaciones”.
Coincide Irma Ferrer, abogada de Transparencia Urbanística, una entidad que ha logrado 40 condenas por corrupción urbanística en Lanzarote: “El recorte de la acción pública va en contra de todos los convenios que ha firmado España en participación ciudadana y transparencia”.
Una portavoz del Ministerio de Vivienda responde que “el objeto de la ley ha sido manifestado como una prioridad y solicitado de manera reiterada por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos, con independencia de su color político, como la única oportunidad para dar estabilidad a unos instrumentos de planeamiento que hoy no la tienen”.
Varios juristas consultados consideran que el sector necesita seguridad jurídica, aunque algunos también critican el recorte de la acción popular. “La propuesta tiene todo el sentido, aunque también algunos puntos polémicos. Ahora ocurre que tardas años en aprobar un plan general y luego te lo anulan porque te falta un papel, y entonces se vuelve al plan de los años ochenta, que seguramente es peor”, apunta Carles Pareja, abogado experto en derecho urbanístico.
El letrado señala que “se restringe la acción pública, porque hasta ahora cualquier ciudadano puede defender la legalidad urbanística sin acreditar interés directo, pero es algo que no existe en materia ambiental, solo en urbanismo”. Y añade: “Hay otra restricción, la posibilidad de interponer recursos indirectos contra los planes se limita a cuatro años, y después ya no se podrán impugnar. Antes se podían recurrir los planes a los 15 o 20 años, y eso creaba inseguridad jurídica”.
Ignacio Pemán, miembro del Consejo Europeo de Urbanistas (ECTP-CEU), explica: “La ley intenta solucionar que el largo proceso de elaboración de un plan general —de hasta 10 años— se pueda anular por un mero informe, algo fundamental para la seguridad jurídica, y que quien recurra por acción pública deba acreditar la importancia de ese recurso”.
Los colectivos dicen que será imposible actuar en casos como el de El Algarrobico
“No podremos reclamar si no somos parte en un proceso”, critica una activista