Macron abre la vía a la eutanasia en Francia
La gran reforma social del segundo quinquenio de Emmanuel Macron está en marcha. El Gobierno francés presentó ayer un proyecto de ley que abre la vía a la legalización del suicidio asistido y, en algunos casos, a la eutanasia, bajo condiciones muy estrictas. La propuesta legislativa, una promesa del actual presidente, concede una atención particular a las palabras elegidas y prefiere el término “ayuda a morir”. El objetivo es enviar un mensaje de conciliación antes de que inicie su trámite parlamentario en mayo. Un recorrido que se anuncia arduo, tras años de debates en Francia.
El proyecto de ley, cuya versión definitiva aún no ha sido difundida, es “particularmente equilibrado”, insistió la ministra de Salud, Catherine Vautrin, antes de su presentación en el Consejo de Ministros. El texto contiene dos partes principales. Por un lado, presenta las condiciones y el procedimiento para la ayuda a morir bajo supervisión médica. Por el otro, pone el acento en el refuerzo de los cuidados paliativos, un aspecto clave para los detractores de la norma.
La ministra citó cinco condiciones para pedir la “ayuda a morir”. La persona que la solicita deberá ser mayor de edad, tener la nacionalidad francesa o residir en el territorio, padecer una enfermedad grave e incurable con un pronóstico fatal a corto o medio plazo, sufrir dolores insoportables que no se pueden tratar, y expresar su petición de manera libre y clara. Uno de los pilares del texto, subrayó Vautrin, es la “capacidad de discernimiento evaluada por un médico”, lo que excluye, por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas o el Alzhéimer.
Una vez que el paciente solicite la ayuda, un médico deberá pronunciarse en un plazo de 15 días tras examinar el caso con otro doctor y con un enfermero. Si la opinión es favorable, se podrá prescribir un fármaco letal al enfermo para que lo tome solo o, si su estado físico no se lo permite, con ayuda de un miembro del cuerpo médico o de un voluntario designado por él. El proyecto, que ya ha sido examinado por el Consejo de Estado para verificar su conformidad con la Constitución, será debatido en el Parlamento a partir del 27 de mayo, justo antes de las elecciones europeas.