Lo que se puede hacer con el racismo institucional
Lo primero que hay que hacer para luchar contra el racismo es reconocer su existencia y abrir con ello un amplio y profundo debate. Negarlo es ir en la dirección contraria al avance de los derechos humanos. El racismo no es un invento; existe como opresión. Los que lo vivimos en persona lo señalamos desde que adquirimos la conciencia para ponernos las gafas antirracistas.
Lo primero es situar un punto de partida que oriente la política. Este lo proporciona el Plan de Acción de la Unión Europea sobre el Antirracismo para 2020-2025, donde se afirma que el racismo es estructural y está presente en todos los ámbitos. El marco europeo reconoce que existe el racismo como un problema estructural.
Es difícil entender qué es exactamente racismo porque se materializa en hechos que son negados por la institucionalidad, que es el primer operador que alberga en sus cimientos el racismo estructural, sistémico. Es algo que va más allá de las actitudes individuales. Tener a una ciudadana viviendo 25 años en el país y generar una maraña burocrática que provoca una irregularidad sobrevenida es racismo institucional. Como lo es que se tarde 20 años en convalidar los títulos que permitan una vida laboral. También es racismo que un niño nacido en España no sea español por razón de sus padres.
En la cúspide de la pirámide de la materialización del racismo se encuentran las instituciones y un esquema de jerarquía racial reproducida a través de lógicas deshumanizadoras. Estas actúan como marcadores que sitúan todo lo que representa Europa, política y económicamente, en la “zona del ser” que teorizó el filósofo afrodescendiente Frantz Fanon, en oposición a la “zona del no ser” en la que habitan los oprimidos.
En el año 2018, cité en el Congreso de los Diputados las recomendaciones del informe realizado por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU para poner fin a los controles policiales basados en los perfiles raciales.
Esta intervención se debió a una agresión que había sufrido un chico afrodescendiente en la estación de Atocha en Madrid. En el informe se lee que “la población negra corre el riesgo de ser señalada 42 veces más a menudo en los puertos y en el transporte público, simplemente por el color de su piel”. Asimismo, señala que la discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad española, desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales.
Según el informe, no solo se habían hecho controles basándose en perfiles raciales, sino que además se mostraba la tendencia a denunciar cada vez menos la discriminación, por miedo a sufrir represalias. En un estudio del Ministerio de Igualdad de 2020, solo el 18,2% de las personas que había experimentado discriminación racial el año anterior había denunciado.
La solución debe empezar en las instituciones. La Ley Orgánica contra el Racismo, que redactamos en 2022, sigue pendiente de ser debatida. Necesitamos que las instituciones se descolonicen y abandonen su mirada condescendiente, para dejar atrás el racismo colonial, desplegando mecanismos que favorezcan el antirracismo institucional. Por ejemplo, es necesaria la formación antirracista en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y recoger datos por origen étnico para reconocer la opresión racista. También se debe pedir perdón, reparación y reconciliación al pueblo gitano.
Los poderes públicos deberían abrir de manera urgente el debate sobre el racismo con carácter de Estado, a la vez que promover en la legislación y la política pública el reconocimiento y justicia social para las comunidades que lo viven. Este reconocimiento de Estado debe pasar por un compromiso firme de contar con la representación de las minorías étnicas en todos los ámbitos.