La crisis de RTVE y la chapuza del modelo de concurso público
El proceso de elección de los miembros del consejo primó los criterios políticos frente a los profesionales
RTVE vive su propio culebrón televisivo. La cúpula de la corporación se ha lanzado en el último mes acusaciones de traición, amotinamiento y deslealtades. Se han producido destituciones imprevistas, despidos fulminantes y dimisiones irrevocables. El resultado es una empresa sumida en un bloqueo institucional, difícil de gobernar y con un consejo de administración que actúa como un Parlamento en miniatura. En RTVE reina un clima de “depresión colectiva”, según describe un alto cargo del grupo. El detonante de este espectáculo ha sido el intento (de momento fallido) de sacar adelante en el consejo el fichaje del cómico David Broncano, conductor del programa de Movistar+ La resistencia.
Este proyecto ha desatado un durísimo enfrentamiento en la cúpula de la corporación, que se ha llevado por delante a la presidenta interina, Elena Sánchez (sustituida con un mandato de apenas seis meses por Concepción Cascajosa); al director de contenidos, José Pablo López; y al secretario general, Alfonso Morales. La batalla interna que se libra en Prado del Rey ha vuelto la vista hacia el modelo seguido para designar a los órganos de gobernanza del ente público. Ciudadanos y Unidas Podemos propugnaron una fórmula novedosa: un concurso público. La idea se había puesto ya en práctica en el Reino Unido en 2004, cuando el Gobierno británico quiso cubrir el puesto de presidente de la BBC. Publicó un anuncio en la prensa y pese a que al principio muchos pensaron que era una broma se presentaron 79 candidatos.
España importó este modelo para seleccionar al presidente de RTVE y, de paso, también a los miembros del consejo de administración. Concurrieron 94 aspirantes, en un alto porcentaje trabajadores de la casa (muchos en activo y otros ya jubilados) que comparecieron en el Congreso y el Senado. A la vista de los resultados, cunde la idea de que la iniciativa resultó ser una chapuza.
El actual consejo de administración fue fruto del acuerdo alcanzado a principios de 2021 por PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV, que se repartieron los 10 puestos en liza. Los socialistas propusieron a José Manuel Pérez Tornero (que ocupó la presidencia), Ramón Colom, Elena Sánchez y Concepción Cascajosa; el PP avaló a Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio; Unidas Podemos seleccionó a Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem, y el PNV designó a Juan José Baños. Tanto los currículos como los proyectos de gestión de los aspirantes fueron evaluados por un comité de expertos nombrado por las Cortes, que tras la minuciosa criba configuró una lista con los 20 candidatos que tenían una mayor calificación. Fueron considerados “idóneos” para ser nombrados miembros del consejo.
De esa lista, los grupos parlamentarios solo escogieron a tres: Pérez Tornero, Sastre y Lakidain. El resto fueron elegidos por afinidades políticas, ignorando criterios profesionales y capacidad de gestión. La nómina de preseleccionados cayó en saco roto por una oleada de recursos y porque incluía muchos más hombres que mujeres, lo que impedía un consejo paritario. Uno de los desatinos fue la publicación de los baremos después de que los candidatos presentaran la documentación.
Un factor añadido a la crisis de gobernanza en RTVE es que la mitad del consejo tiene el mandato caducado. La ley fija en seis años la duración en el cargo y establece que sus miembros sean renovados por mitades a los tres años. Esto obligaba a sustituir en marzo a cinco miembros. Pero la falta de acuerdo entre PP y PSOE mantiene en sus puestos a los vocales que debería abandonar sus puestos. Los nombres fueron elegidos por sorteo y el azar quiso que salieran los tres representantes del PP, uno del PSOE (Colom) y el del PNV. Además, está vacante la plaza de Pérez Tornero, que dimitió en 2022.
Para nombrar nuevos consejeros, los partidos tendrán las manos libres. Ya no estarán sujetos a la lista de los candidatos que optaron al concurso, según fuentes de la corporación. Necesitarán, eso sí, el respaldo de dos tercios de las Cámaras. Los socios de Gobierno esperan que este proceso pueda estar culminado antes de que concluya el medio año de mandato de Cascajosa.
Con la mitad del consejo caducado, se debía sustituir a cinco miembros en marzo
La nómina de preseleccionados cayó en saco roto por la oleada de recursos